El fiscal imputó también a Marcos Peña y a Alfonso Prat Gay. Hay otro pedido para declarar inconstitucional el decreto que está en tratamiento. Medidas de prueba.
El cuestionado decreto que habilitó el ingreso de familiares de funcionarios públicos al blanqueo de capitales trajo el primer dolor de cabeza judicial a la administración de Cambiemos. El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete Marcos Peña y al Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario, en una de las dos causas judiciales que se abrieron en los tribunales de Comodoro Py. La decisión puede influir en el desarrollo de otro expediente que avanza en sigilo: el pedido de anulación del Decreto Nº 1206 por inconstitucional, que tendrá su capítulo en el fuero contencioso administrativo federal.
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Marijuan pidió abrir formalmente una investigación haciéndose eco de la denuncia penal presentada por la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, días después de que se publicara el decreto en el Boletín Oficial. El objetivo de la presentación fue que se determine si los firmantes cometieron algún delito con el decreto que amplió la ley de blanqueo de capitales a familiares de funcionarios públicos, algo que había sido rechazado en el texto de la Ley de Blanqueo. Esto disparó las primeras críticas desde la oposición y alcanzó, incluso, a las filas de la UCR que integra la alianza de gobierno. El cargo es por delitos contra la administración pública. Específicamente el que señala que tendrá una pena de entre un mes y dos años de prisión (más inhabilitaciones) quien "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere". La principal crítica es que el decreto habilita lo que expresamente el artículo 83 de la norma votada por el Congreso prohibía.
En su requerimiento, el fiscal solicitó medidas de prueba para impulsar la investigación que está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien ahora tendrá que decidir si le da curso. La denuncia tiene un expediente mellizo que lo antecedió cronológicamente: la diputada del Frente para la Victoria María Emilia Soria se presentó con los mismos cargos contra Macri, Peña y Prat Gay. Sin embargo, el fiscal Gerardo Pollicita inició una investigación preliminar solicitando las versiones taquigráficas de las sesiones parlamentarias donde se discutió el blanqueo y los antecedentes de la elaboración en la Secretaría Legal y Técnica del decreto cuestionado. En esa salida intermedia, esquivó empezar con una imputación formal.
Marijuan sostuvo que según los denunciantes, Donda, Federico Masso y Graciela Coussinet, que se presentaron en la Justicia el 6 de diciembre, "el Poder Ejecutivo, aun contando con un amplio abanico de facultades otorgadas por la Constitución nacional y respetuosas del sistema republicano de gobierno para introducir una modificación, optó por el dictado de un decreto con pleno conocimiento de que su accionar generaba una flagrante violación a la letra y espíritu de la ley 27.260". A lo que agregó: "Abusando de su autoridad para lograr su cometido: en el caso, favorecer a los familiares de los funcionarios públicos de su gestión, cuando ello se encontraba valida y expresamente vedado por los arts. 82 y 83 de la ley 27.260". Por esto es que pidió "la versión taquigráfica certificada de la reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda del 9 de junio y de sesión ordinaria especial de Diputados del 15 de junio", en las que se introdujeron las modificaciones para que quedaran excluidos de la posibilidad de adherirse al régimen de sinceramiento fiscal o blanqueo a los funcionarios y familiares directos.
Lijo podría ahora dar curso a su expediente o pedir la unificación con el que instruye Sebastián Ramos, por ser anterior. De una u otra forma, las denuncias quedarán subsumidas en un solo caso. Pero lo que alerta a la Casa Rosada es que esto puede despertar el avance del pedido de inconstitucionalidad del decreto (que incluye una medida cautelar y una precautelar que impida a la AFIP aceptar trámites de familiares de funcionarios).
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