Más de tres horas les tomó ayer a Carlos Tomada, ministro de Trabajo, y a Claudio Moroni, jefe de la AFIP, defender el paquete oficial anticrisis ante un plenario de comisiones en Diputados. Mientras Moroni reconocía que la crisis internacional «es un fenómeno muy difícil de prever, pero con estas medidas se pondrán mantener las conductas impositivas», Tomada intentó convencer que la intención del gobierno era «favorecer la idea del trabajo en blanco y la contratación de personal».
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La mayor parte de la exposición de Tomada y Moroni estuvo dedicada a responderle a los diputados de la oposición y a las preguntas por las miles de causas e investigaciones por casos de evasión y lavado de dinero que se caerían con el levantamiento de las acciones penales que está incluido en el jubileo impositivo y previsional y el capítulo que incentiva la repatriación de fondos. La oposición reunió ya más de 3.400 denuncias que cayeron en la Unidad de Información Financiera que depende del Ministerio de Justicia y hoy hará una presentación ante el procurador de la Nación. Todo ocurría mientras el kirchnerismo ya analiza si las modificaciones al proyecto enviado por el gobierno serán sólo cosméticas, para convencer a los remisos de su propio bloque, o avanzarán sobre controles a los fondos que serán repatriados, como exige también la oposición.
Jorge Sarghini fue uno de los diputados que ayer pidió que se traten por separado los tres capítulos del proyecto -normalización tributaria, protección del empleo registrado, y la repatriación de capitales-.
«De ninguna manera se habla de un paquete cerrado», le dijo Tomada. Moroni continuó con la defensa: «Si no adoptamos ninguna medida, la AFIP va a tener que embargar o ejecutar más empresas que en la actualidad. Si queremos mantener el nivel de actividad tenemos que aliviar las deudas ya devengadas».
Por el PRO, Esteban Bullrich también denunció la falta de controles en la ley: « Generará un paraíso fiscal temporal, donde no habrá límites para los blanqueos. Se estima que se podrían blanquear 150 mil millones de dólares. Si sacamos la investigación por evasión no podremos llegar al cohecho», dijo. Desde el Senado, el radical Gerardo Morales hoy le enviará una nota al procurador Esteban Righi en la que le pide que informe la cantidad de «reportes de operaciones sospechosas con pedido de investigación judicial que le fueran remitidas al Ministerio Público Fiscal durante los períodos de 2002 a la fecha». Pero, sobre todo la oposición quiere que se confirme oficialmente la cantidad de operaciones sospechosas que se informaron en total desde 2002 a la fecha y que ahora podrían quedar afuera de la investigación judicial, tanto por el levantamiento de las acciones penales en los casos de evasión, como por la eliminación de restricciones en los de repatriación de capitales.
Esos requerimientos salieron a la luz después de que la UIF le informó a los senadores que se habían recibido en los últimos años 3.446 denuncias de casos sospechados de lavado de dinero, de los que sólo 180 terminaron en la Justicia.
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