Blanqueo, promesas e inconsistencias económicas

 El principal motivo para entrar al blanqueo es que la creciente percepción de riesgo fiscal global comienza a competir con la de riesgo argentino. Existe una tendencia global hacia una formalización de activos, que es consecuencia de la lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero, la corrupción y la evasión impositiva. También existe un motivo puramente fiscal, a la argentina, producto de la necesidad de cubrir los elevados niveles de déficits y de deuda pública existentes en los países centrales. Esta tendencia global hoy luce irreversible. Sin embargo, el riesgo argentino tampoco es reducido, pese a que el nuevo Gobierno quebró la dinámica de chavización de la economía argentina y viene dado señales claras pro-mercado y de respeto de la propiedad privada.

En primer lugar, el riesgo argentino no es bajo debido a los problemas de inconsistencia de la política económica oficial. No luce creíble un blanqueo en un contexto de déficit fiscal elevado, de ausencia de señales de reducción del gasto público y de persistentes anuncios de medidas que implican mayores gastos y menos ingresos, que tienden a desfinanciar al fisco. Menos aún, cuando existen funcionarios y dirigentes de la oposición que proponen un incremento de la presión tributaria, que naturalmente grave al capital financiero (sobre todo el del exterior), para cubrir el bache fiscal y/o financiar más gasto público. En segundo término, porque nada asegura el éxito del Gobierno y la no reversión de la política económica. La principal característica de la historia económica argentina es la gran oscilación del ciclo político y económico, que hace que pasemos de gobiernos populistas de izquierda a populistas de derecha en tan sólo 10/15 años y que es capaz de producir un incremento de la presión tributaria de 10 puntos en ocho años, es decir, duplicarla. Y, finalmente, por la voracidad fiscal del Estado. A los impuestazos, se le deben sumar las hiperinflaciones y defaults (otra imposición fiscal, desordenada y no buscada). El impuesto a los débitos y créditos bancarios nació en 2001 como transitorio por un plazo de un año. Todavía existe. Algo similar ocurrió con las retenciones a las exportaciones en 2002. A 14 años de la creación de ambos impuestos, nadie puede decir que sean transitorios. Aun cuando el actual Presidente luce diferente, estamos en Argentina, con déficit fiscal y con un gasto público récord.

Si el Gobierno no opta por impulsar reformas que apunten a lograr y consolidar un equilibrio fiscal sustentable en el tiempo, este blanqueo corre el riesgo de terminar convirtiéndose una nueva trampa, de las tantas que sufrió el argentino "de a pie" en el pasado reciente. Por ejemplo, de asemejarse a la Ley de Intangibilidad de Depósitos que impulsó la Alianza a fines de 2001, que nació con el sano propósito de coordinar el comportamiento de los ahorristas para evitar una corrida de depósitos sobre el sistema financiero. Lo cierto es que producto de un déficit fiscal galopante se creó una promesa imposible de cumplir. Se pasó en tan solo unos meses de la Ley de Intangibilidad de Depósitos al "corralito y corralón" financiero, del que se salvaron aquellos que no confiaron en el Gobierno y, una vez más, fue decepcionado el argentino "de a pie", el que confió en el Estado.