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Boleto electrónico: demora y resistencias
Detrás de la demora estaría la resistencia de algunas líneas de colectivos (son alrededor de 340 en Capital Federal) a blanquear sus ingresos y a depender del «clearing» que estará a cargo del Banco Nación. Un sistema blanqueado del transporte automotor y ferroviario arrojaría claridad sobre los subsidios que están recibiendo ya sea en efectivo o a través de litros de gasoil a precio subvencionado. También daría una idea más cierta de los ingresos reales de las empresas transportistas y del comportamiento de la demanda.
La instrumentación definitiva del SUBE incluye la licitación para instalar otras 10.000 máquinas lectoras en los colectivos, trenes y subtes, que todavía no se adjudicó. Con esa cantidad recién estaría cubierto todo el parque del autotransporte, de los ferrocarriles urbanos y de subterráneos (aunque en éstos últimos y en algunas líneas ferroviarias se utiliza ya el sistema llamado «monedero» que surgió por iniciativa privada del grupo Roggio, la alemana Siemens y la española Indra).
La demora en generalizar el SUBE impide además concretar otras iniciativas oficiales, como la segmentación de tarifas. El proyecto del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, sólo podrá aplicarse cuando todas las unidades tengan las máquinas lectoras, porque no puede haber diferencias en el precio de los boletos, según la línea o menos según la unidad.
Por otra parte, los criterios para segmentar tarifas de acuerdo con el poder adquisitivo o franja horaria se tienen que resolver según una metodología rigurosa, todavía no delineada. La forma más sencilla sería subsidiar a los que reciben asignación universal por hijo y a los jubilados, pero quedarían afuera trabajadores en negro siendo que, por ejemplo, el porcentaje de blanqueo del servicio doméstico es muy bajo.
Presión
De todas formas parece haber una presión del autotransporte y de los concesionarios de trenes y subtes para un aumento en los pasajes, con el argumento de que se podría dejar afuera a jubilados y a beneficiarios de la asignación universal por hijo. Como en otros servicios públicos, la sospecha de los empresarios es que si no se logra un ajuste de tarifas antes de enero o febrero, después no habrá posibilidades por la campaña electoral, con lo cual habrá que esperar hasta entrado 2012, porque tampoco nadie se imagina que, luego del comicio, un nuevo Gobierno tome decisiones rápidas sobre el tema.
Metrovías es una de las concesionarias que más estaría presionando por una recuperación, con el argumento de que el 87% de los que utilizan ese medio de transporte estarían en condiciones de pagar un precio más alto a los 1,10 pesos que cuesta actualmente el servicio. Hay quienes hablan de una suba de hasta más del 100% por lo menos en subterráneos, y también utilizan como justificación la necesidad del Estado de no seguir aumentando el gasto en subsidios.
En la práctica, los últimos aumentos en transporte (dos hasta enero de 2009) no redujeron el gasto en subsidios, ya que éstos fueron incrementándose y no hay datos de cuánto incidió el ajuste y cuál fue el ahorro.


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