Bonadio construye su blindaje; citó a Cristina y a camporistas

Obligado a recapitular, extiende causa a 2003. Misión permanecer: dividió expediente y procura evitar apartamiento. Citó a Larroque, Ottavis, Wado de Pedro y Szpolski. Pescarmona “colabora”.

Claudio Bonadio y Cristina de Kirchner

Empujado por la desprolijidad que significaba un recorte temporal arbitrario, el juez Claudio Bonadio decidió extender los alcances de la investigación por los supuestos sobornos descriptos en el cuaderno del exchofer Oscar Centeno a 2003, el año en el que asumió el Gobierno el expresidente Néstor Kirchner. Y en un mismo movimiento para reordenar el expediente, volvió a dejar perplejos a los observadores judiciales con la división en tres tramos de la pesquisa (por "rubros" según las áreas donde se habrían recolectado coimas dentro del Ministerio de Planificación). "¿Se curó en salud de un eventual apartamiento?", se preguntaron en Comodoro Py. En ese marco, volvió a citar a Cristina de Kirchner -con nuevos imputados- para que amplíe su indagatoria el lunes 3 de septiembre, de acuerdo con los nuevos "arrepentimientos" que se acumularon luego de haber sido convocada el 13 de agosto pasado. Bajo este esquema, el magistrado podrá estirar una definición sobre los seguros procesamientos sobre los que trabaja. Bajo cuerda se leyó en tribunales un "lockout" judicial a la táctica de los acuerdos de delación que suscribió a mansalva el fiscal Carlos Stornelli en esta causa: dos fiscales y seis jueces se pronunciaron en contra de liberar a José López pese a que intentó hacer valer su condición de arrepentido para mejorar su situación.

"Distintos empresarios han manifestado expresamente que el sistema de recaudación ilegal de retornos impulsado por funcionarios del Ministerio de Planificación comenzó entre el año 2003 y 2004, que esas mismas circunstancias temporales fueron confirmadas en indagatorias también tomadas por este tribunal", admitió el juez. Por este motivo, "las circunstancias temporales de la investigación se deben extender en el tiempo desde el año 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015", informó el magistrado cuatro días después de haber planteado un recorte de la pesquisa que tenía como inicio el año 2008. Esa cuestión tenía como consecuencia inmediata dejar afuera del objeto de investigación tres vértices: el supuesto inicio de la cartelización de las empresas, el contrapunto entre Claudio Uberti y los miembros del Grupo Techint por coimas y todo el sistema de recolección de sobornos de concesionarios viales.

Al mismo tiempo que citó a Cristina, convocó a una nueva tanda de ampliaciones para Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Gerardo Ferreyra, Walter Fagyas, Rafael Llorens, Germán Nivello y José María Olazagasti, además de que vuelvan a desfilar Néstor Otero, José López. La novedad la constituyó el llamado para una tanda de camporistas encabezados por los diputados Eduardo "Wado" de Pedro y Andrés Larroque, a los que acompañarán José Ottavis y el exempresario de medios K Sergio Bartolomé Szpolski. Serán hilvanadas desde hoy y hasta el lunes, a silla caliente. Pero a su vez, Bonadio decidió abrir tres expedientes "conexos" y que serán acumulados entre sí por las supuestas coimas tanto en Transporte (Ricardo Jaime), como en Obras Públicas (López) y la tercera por Energía (Baratta). La decisión descolocó a los observadores que se preguntaron si no sería una forma de obturar eventuales apartamientos que incluyen el vidrioso origen de su competencia como juez del caso.

Mientras tanto, cuando su ejecutivo Francisco Valenti sonaba como otro aspirante al club de los arrepentidos luego de declarar 8 horas, uno de los titulares de IMPSA, Enrique Pescarmona, ingresó un escrito ofreciéndose como colaborador y en apoyo a su subalterno.

En 24 horas, José López acumuló dos rechazos a su pretensión de acceder a la libertad con su carnet de arrepentido en la causa de los cuadernos. El Tribunal Oral Federal N°1 -que lo juzga por enriquecimiento ilícito- denegó que saliera libre. Lo mismo hizo ayer la Sala II de la Cámara de Casación en dos decisiones rotundas. Ambas hicieron lugar a lo pedido por los fiscales generales que ignoraron la incidencia que el acuerdo firmado con Stornelli tuviera en sus respectivos expedientes. Deslizaron que además no conocían ni el contenido ni los alcances de los convenios que se firmaron. Esta muestra echó por tierra cierta unidad entre el Ministerio Público, al menos, frente a los arrepentidos. Para colmo, de la diáspora, el fiscal Guillermo Marijuan disparó un pedido de detenciones en el marco de la causa Río Turbio que está a su cargo: dirigió uno hacia Juan Carlos de Goycoechea, el primero en firmar un acuerdo y salir de prisión en los cuadernos. Si el juez hace lugar, podría ser el primer empresario en regresar.