Botnia: aseguran que aún no hay acuerdo

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Contra reloj, una delegación de funcionarios argentinos viajará hoy a Montevideo para tratar de destrabar la llegada a un entendimiento con Uruguay en torno a la letra chica -los estratégicos aspectos técnicos- del acuerdo ambiental sellado entre Cristina de Kirchner y José Mujica para monitorear el río Uruguay, incluida la pastera de Botnia.

Aunque ambos presidentes sellaron en julio pasado con su firma la voluntad política de aplicar la lupa para detectar potenciales fenómenos de contaminación, dieron plazo hasta el 2 de noviembre -mañana- para oficializar ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la presentación de la propuesta de plan de monitoreo conjunto con los detalles técnicos. Se trata del programa destinado a aplacar la furia de los ambientalistas de Gualeguaychú por el supuesto impacto de la planta finlandesa instalada en la localidad uruguaya de Fray Bentos.

Según lo asegurado a Ámbito Nacional por una fuente que sigue de cerca los pasos de la CARU, al menos hasta ayer no había acuerdo entre los dos científicos argentinos y los dos uruguayos que integran el flamante comité, con potestad para encabezar los monitoreos sobre el agua y sobre plantas y centros urbanos instalados sobre el río Uruguay.

Si bien el comité científico ingresó el pasado 6 de octubre a la planta de UPM (ex Botnia) e, incluso, recorrió el río Gualeguaychú el pasado 20 de octubre, hasta el momento no pudo tomar ninguna muestra por la falta de aprobación final del plan de monitoreo conjunto. En este marco, todo parece indicar que los controles reales arrancarían recién en marzo del año que viene.

El principal punto de rispidez tendría que ver con la pretensión de los representantes de la Argentina -Juan Carlos Colombo y Guillermo Lyons- de aplicar un monitoreo continuo sobre la planta, con sensores que midan los parámetros de impacto ambiental «las 24 horas y los 365 días del año».

Esa aspiración, sin embargo, estaría generando un rechazo de los científicos uruguayos -Eugenio Lorenzo y Alberto Nieto-, quienes apuestan a controles más espaciados.

El acuerdo bilateral habla de «hasta 12 ingresos por año» a cada planta, aunque luego el canciller Héctor Timerman sostuvo públicamente que existía la posibilidad de ampliar el número de visitas ante un potencial episodio de supuesta contaminación.

«La negociación es dura, pero confiamos en que primará la voluntad política de acordar la letra chica del monitoreo», aseguró la fuente a este diario. El detalle debe incluir, además, el nombre de los organismos públicos, universidades y laboratorios que intervendrán en los análisis, entre otros puntos.

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