Botnia: malestar por reforma de ley que la beneficia

• Por decreto, gobierno uruguayo amplió un margen de tolerancia.• Ambientalistas marchan el domingo

El secretario de Ambiente de Entre Ríos y dirigentes de la Asamblea Ambiental confirmaron la movilización el domingo al puente General San Martín.

En medio de la expectativa por el inicio formal del monitoreo conjunto sobre la pastera UPM (ex Botnia), un nuevo gesto del Gobierno uruguayo volvió a tensar la relación entre los países. El Ministerio de Ambiente resolvió aumentar a 37° centígrados la temperatura máxima de vertido del efluente líquido industrial de la planta.

La modificación -aseguran que está dentro de los niveles permitidos- representa una señal preocupante dado que el cambio sólo alcanza a la pastera. «Es una resolución hecha a medida de las exigencias de Botnia», leyó un dirigente ambiental de Gualeguaychú.

La reacción de los combativos ambientalistas no se hizo esperar. Anunciaron que aprovecharán la séptima marcha anual hasta el puente internacional General San Martín, el próximo domingo, para alertar públicamente sobre lo que consideran «una violación sistemática por parte del Uruguay de las normas y los acuerdos ambientales para favorecer a Botnia».

Reconocimiento

Si bien la reforma está fechada el 26 de abril, la Cancillería argentina conoció los alcances este lunes, casi en simultáneo con el ingreso del comité de científicos a la planta UPM.

En esta primera etapa, los científicos observaron las condiciones de la planta y el modo en que se desarrollan las actividades, como forma de afinar detalles para el comienzo formal del monitoreo, en un plazo inferior a dos meses. Sin embargo, este diario pudo saber que se detectaron ya ciertas irregularidades, como sensores ambientales con parámetros modificados para disimular los niveles de las emanaciones.

Ayer, colaboradores del canciller Héctor Timerman dejaron trascender el malestar que la medida provocó en la delegación argentina.

Sin embargo, destacaron la intimación que Uruguay realiza a la empresa en esa misma resolución para que deje de diluir (la ley uruguaya lo prohíbe) los vertidos en un plazo no mayor a los 45 días. «Es importante que finalmente se haya tomado la decisión de acuerdo con el reclamo argentino de fin del año pasado, pero en esa petición no estaba incluido un cambio en la temperatura. Estamos otra vez ante una decisión arbitral del Uruguay», dijo un hombre cercano a la Comisión Administradora del Río Uruguay.

Medida

La reforma, que lleva la firma de Graciela Muslera, titular del área ambiental del Gobierno de José Mujica, fue «tomada en acuerdo con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y en coordinación con la cancillería y la delegación uruguayas ante la Comisión Administradora del Río Uruguay».

Según la medida, los informes técnicos recabados para tal disposición concluyeron que «no se verá afectada la temperatura del cuerpo receptor ni se provocarán inconvenientes de especie alguna».

Esa modificación habría hecho necesaria, según la DINAMA, la revisión de las condiciones de vertido de la temperatura de la descarga, «como parámetro de calidad del efluente que se verá afectado por el cambio».