En las demandas presentadas por titulares de cuentas de ahorro a fines de 1980 y comienzos de 1990 se afirma que los bancos no pagaron una rentabilidad justa sobre los depósitos en esos años, cuando la hiperinflación llevó al Gobierno a alinear las tasas para los ahorros a varios índices.
Una decisión a favor de los depositantes podría costar a los bancos hasta 65.160 millones de dólares, según estimaciones del Gobierno, aunque algunos expertos legales y analistas políticos dudan que la Corte otorgue una cifra tan abultada.
Algunos incluso han especulado que la Corte podría no decidir sobre el caso por meses y quizá más. Por otra parte, si la Corte decide con rapidez, una resolución a favor de los depositantes sería una mala noticia para la presidenta Dilma Rousseff y sus esfuerzos por reactivar la economía.
| Agencia Reuters |
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