La Justicia paraliza al cine en el Brasil

El instituto del país vecino no podrá otorgar más créditos hasta que aclare cómo invirtió el dinero público en los últimos diez años. Aunque se atribuye la iniciativa al Gobierno de Bolsonaro, la investigación empezó en 2017.

ANCINE. Christian de Castro, director presidente del instituto estatal del cine en el Brasil, durante la presentación a fines del año pasado en "Ventana Sur", el mercado audiovisual en Buenos Aires.

Rio de Janeiro - Un fallo judicial contra Ancine, el instituto estatal del cine del Brasil, podría paralizar la industria del gigante audiovisual en América Latina. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Cuentas del Estado (TCU), que condicionó la financiación de nuevos proyectos a la entrega de “cuentas claras de todos los recursos públicos con los que se ha dado apoyo financiero a programas audiovisuales”. La “dramática decisión”, según calificó ayer Variety, “ha dejado a la industria de Brasil en estado de shock”.

En esta encrucijada judicial, la estatal Agencia de Promoción de Exportaciones discontinuará su sostén a Cinema do Brasil, la agencia de promoción y financiamiento internacional de cine, y por el otro Petrobras, de capitales mixtos, deberá retirar el apoyo a películas y festivales nacionales, incluyendo los de Rio de Janeiro y San Pablo. Durante dos décadas, Petrobras fue el sponsor principal de la industria cinematográfica brasileña. La suspensión de los subsidios a Ancine (el instituto brasileño creado en 1991 en reemplazo de Embracine) comprende los créditos otorgados a partir del 18 de abril último para el Fondo del Sector Audiovisual (FSA), que comprende desde largometrajes hasta producciones de series o espectáculos televisivos. Ancine administra alrededor de 300 millones de dólares provenientes de fomento directo o impuestos a la publicidad.

La Justicia de Brasil tomó esta decisión tras hallar “irregularidades” en las rendiciones de cuentas de las películas producidas con estos fondos, y ordenó a Ancine que suspendiera la financiación de nuevos proyectos hasta que aclarara los números. De acuerdo con fuentes citadas por Variety y una parte de la prensa brasileña, la “investigación de la TCU se remonta a 2017, de modo que este fallo no puede atribuirse al nuevo Gobierno de Jair Bolsonaro que asumió a principios de este año”. Sin embargo, el fallo se produce en un momento de extremo enfrentamiento entre la industria cultural del Brasil y sectores del actual Gobierno, que consideran que el dinero invertido en el cine es un derroche injustificado. La industria del cine ha salido a responder que sus productos generan beneficios en el orden de los 11 mil millones de dólares al año, que le da trabajo a alrededor de 300.000 personas, y que tributa alrededor de 500 millones de dólares en impuestos.

Ancine, que en estos días estudia la forma de reestructurar sus sistemas contables para darles la mayor transparencia, se pregunta si esta medida será transitoria o si se trata de una movida para desmantelar el apoyo del Gobierno al cine y la televisión. En el interin, las producciones que tenían el visto bueno para iniciar su rodaje quedaron paralizadas. Se esperan en mayo protestas ruidosas de la industria brasileña en el Festival de Cannes. Allí competirán películas de directores muy críticos del Gobierno de Bolsonaro, como Kleber Mendonça Filho, que presenta la película “Bacurau”, de tono fuertemente político, y Karim Aïnouz, que lleva su film “Vida invisible” a la sección paralela Un Certain Regard.

Ancine tiene dos meses para aclarar de qué forma invirtió el dinero público. De acuerdo con el TCU, Ancine recibió, entre 2008 y 2016, más de 1.000 millones de reales (unos 256 millones de dólares) para 1.491 proyectos de cine y televisión, de los cuales 1.174 no han concluido y otros 317, ya finalizados, no han presentado las respectivas rendiciones de cuentas. Según voceros de la industria, la solución dependerá del “buen entendimiento” al que se llegue entre las partes, lo que podría producirse a mediano o a largo plazo, porque técnicamente Ancine carece de las condiciones para analizar, en un plazo tan perentorio, el pasivo de las rendiciones de cuentas de los proyectos aprobados.

“Ancine no dispone de una estructura capaz de analizar todo el pasivo de rendición de cuentas en 12 meses, cuando se trata de un pasivo acumulado a lo largo de 10 años de operación”, dijo un vocero de la entidad. En consecuencia, presentó un recurso con el que pretende suspender la sentencia.

“El mercado del cine”, se defiende ese vocero de Ancine “en la mayoría de los países está estancado mientras que Brasil, con un promedio de casi 5% de incremento, forma con Rusia y México un grupo que viene creciendo año a año. Si se mantiene el ritmo actual, llegaremos a la sexta posición en pocos años, superando a Francia y Corea del Sur”. La Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), con sede en Madrid, también manifestó su temor ante la situación del sector brasileño, que puede “erosionar los lazos creados” con la región que fueron fortalecidos “en el último lustro” con un intercambio entre ambas partes “nunca antes visto en la historia”.

El presidente Jair Bolsonaro dijo el domingo que por respeto a la “aplicabilidad del dinero público” su Gobierno determinó “la revisión de los contratos vigentes y las eventuales futuras posibilidades” que vinculen Petrobras al sector que “algunas personas dicen que es cultura. El orden es saber qué se hace con miles de millones del pueblo brasileño”, sostuvo en su cuenta de Twitter.