Buitres: Griesa sanciona al país y ahora avanza con embargos

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Thomas Griesa desató ayer toda su furia contra la Argentina y demostró que no está dispuesto a darle respiro al país. El juez de Nueva York sancionó a la Argentina con la aplicación de la instancia "Discovery" por "no haber facilitado información sobre los activos financieros en los Estados Unidos" y anticipó además un fallo negativo contra la Argentina, que se conocerá en septiembre y promete avanzar con posibles embargos directos. Pero además obligó a los abogados que representan al país del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) a enviarle antes del jueves 27 de septiembre toda la información privada entre el estudio y el Ministerio de Economía referida a la causa, incluyendo mails, comunicaciones vía redes sociales, fax y todo documento privado que le pueda brindar a Griesa cualquier tipo de información que lo ayude a detectar posiciones de activos financieros de la Argentina en los Estados Unidos, para luego embargarlos. Griesa gatilló ayer sin piedad contra el país, incluso un día después de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York lo haya reprendido por haberse excedido en sus sanciones en cuanto al cálculo del dinero que se le debería pagar a los buitres de segunda generación, llamados "me too".

Anoche el abogado de CGS&H, Carmine Bocuzzi, se comunicaba con Buenos Aires y pedía instrucciones. Éstas fueron simples: de ninguna manera el estudio está habilitado para enviar esta información a Griesa, y en las próximas horas los abogados tendrán que buscar las argumentaciones legales disponibles para la defensa del país y la protección de esa información, considerada privada y su petición una intromisión al derecho de propiedad avalado por las leyes federales de los Estados Unidos. Ahora CGS&H deberá rechazar el pedido, plantear un recurso directo ante la Cámara de Segunda instancia de Nueva York o evaluar qué documentación podría enviar y cuál no a Griesa. Una cuarta alternativa sería rechazar el pedido de apelación desde la Argentina, lo que iniciaría un conflicto con el país ya que Griesa amenazó ayer a Bocuzzi con sanciones directas al estudio si no cumple con su orden.

La primera consecuencia directa de la decisión de Griesa de ayer (el fallo número 13 en contra del país desde junio de 2012 en adelante), es haber puesto en jaque mate las posibilidades para que el Gobierno pueda emitir de aquí a octubre un nuevo lanzamiento del Bonar 24. Si bien la decisión de ayer de Griesa no habla directamente del bono, sí mencionó la ilegalidad cometida por parte de la Argentina al haber lanzado en abril pasado una emisión de u$s 1.400 millones del título. Para el juez con esta operación se violó una orden explícita de noviembre del año pasado, lo que derivó en la fuerte posición expuesta ayer contra el país. Ahora la Argentina, ante la actitud del juez de adelantar un fallo negativo y la aplicación de la instancia Discovery, encareció cualquier colocación del país de ese bono o cualquier otra deuda desde la jurisdicción de Buenos Aires, con lo que la tasa de interés que se debería pagar sería superior al 12% o el 13% anual en dólares.

Con la actitud de ayer, Griesa aceptó, aunque parcialmente, el pedido que habían realizado los fondos buitre NML Elliott y Aurelius, y decretó que " todos los activos argentinos en territorio estadounidense, con excepción de aquellos de tipo diplomático o militar, serán considerados de uso comercial" y como tal "potencialmente embargables".

La medida podría permitir futuros pedidos de los fondos buitre de embargos ante otros jueces de los Estados Unidos en cualquier territorio de ese país. Antes se debería detectar en cualquier cuenta del mercado norteamericano la existencia de fondos financieros pertenecientes a la Argentina, para lo cual se habilitará la instancia Discovery. Esto es, obligar a una persona o institución a informar si en una cuenta propia posee dinero perteneciente a la Argentina.

Griesa no avaló otro reclamo de los fondos Elliott y Aurelius, que buscaban que los potenciales embargos incluyeran fondos financieros de YPF y de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que estas entidades sean consideradas alter egos del país. En los primeros dos casos, según CGS&H, se trataría de sociedades con participación mayoritaria del Estado, pero protegidas por las leyes de resguardos de quebrantos según la legislación norteamericana; y, por lo tanto, inembargables por juicios de terceros, en este caso, los fondos buitre. En el caso del dinero del BCRA, un fallo de junio de 2012, por el cual se considera que el dinero de un país depositado en el sistema financiero norteamericano es inembargable.

La audiencia de ayer tuvo una duración llamativamente larga y se prolongó durante más de tres horas, donde se demostró además el acelerado deterioro físico del juez, que en todo momento debió ser auxiliado en su movilidad y habla por asistentes personales. Luego de escuchar a Bocuzzi (al que maltrató en reiteradas ocasiones) y a Robert Cohen, el abogado de Elliott, el fondo buitre de Paul Singer, definió el reclamo original de este y Aurelius como "razonable". "No tenemos otra opción que seguir encontrando activos, no vamos a renunciar", dijo Cohen, que recordó que hasta ahora la Argentina se ha negado a pagar las cantidades concedidas a su cliente por la Justicia estadounidense. Los abogados de la Argentina, mientras tanto, defendieron durante la vista que las sanciones no tienen precedente e irían en contra de decisiones de otras cortes de EE.UU., en las que los fondos no lograron probar el carácter comercial de bienes que trataban de embargar. En ese sentido, defendieron que el país no tiene en EE.UU. activos de carácter comercial e insistieron en que darle esa categoría a todos de forma generalizada no está justificado.

El Bonar 24 fue lanzado por el Gobierno de Cristina de Kirchner el 21 de abril pasado, desde Buenos Aires y sin la intervención de ninguna entidad financiera como operadora. Con esta emisión, la Argentina, según la visión de Griesa, habría incumplido su decisión de junio de 2014 (que se desprendía del rechazo de la Corte Suprema de los EE.UU. de aceptar la apelación del fallo de fondo a favor de los fondos buitre) que le impedía al país emitir deuda fuera del mercado norteamericano o pagar vencimientos de bonos ya cotizantes. Luego, en septiembre del año pasado, la Argentina hizo efectiva la acción, y comenzó a pagar vencimientos de deuda en Buenos Aires y en abril de este año directamente avanzó con la colocación de nuevos bonos a través del Bonar.

La Argentina había defendido la emisión, a través de Kicillof, declarando que "se trata de deuda doméstica denominada en moneda extranjera, que nada tiene que ver con la jurisdicción del juez Griesa".

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