BUITRES: La calculadora de Griesa saca humo

La cifra final, aunque previsible, es alarmante. Y lo peor, el número definitivo será establecido en algún momento por el propio Thomas Griesa con sus asesores directos, a los que recurre cada vez que tiene una tarea de este tipo, eminentemente financiera. No intervendrán ni los fondos buitre ni los holdouts, ni la parte argentina. Sólo Griesa y su gente. Se trata del monto final que el país deberá pagarles a los fondos NML Elliott, Aurelius, ACP Master, Olifant y Blue Angel, además de otros 13 argentinos que vencieron en el juicio del siglo contra la Argentina, y a los que el país les deberá pagar de alguna manera, el 100% de la deuda emitida, más intereses, más punitorios. Y el número final será mucho mayor a los 1.330 millones de dólares originales, reconocidos por Griesa para pagarles a los litigantes.

Ese número de dólares surge del fallo que en noviembre de 2012 el juez neoyorquino determinó que era el monto que tenía que liquidarse al contado, sin ningún tipo de cuotas, en una cuenta a determinar en Estados Unidos. En esa oportunidad, el magistrado había dicho que los fondos buitre tenían toda la razón en su reclamo y que no había más cuestiones que discutir que la liquidación de los 1.330 millones de dólares. Luego, la Argentina eligió apelar ante la Cámara de Nueva York y, más tarde, con otro fallo en contra, recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Como finalmente en esta instancia las cosas salieron también negativamente para el país, todo volvió al tribunal de Griesa, donde se debe negociar cómo se pagará el dinero. El tema es que ahora el juez debe hacer una reactualización del monto, con los nuevos intereses y punitorios correspondientes.

Cualquier cálculo que se haga es una especulación, ya que la cifra exacta la dispondrá Griesa cuando determine el nivel que tendrá el rubro punitorios. Sin embargo, se pueden hacer aproximaciones. Según un número que los propios fondos buitre entregaron a la Cámara de Apelaciones en agosto del año pasado, su número con actualizaciones por intereses sumaba unos 1.530 millones de dólares, entendiendo que las tasas que debían tomarse en cuenta eran de 15% (el nivel de los bonos del megacanje) hasta la sentencia de agosto de 2007; pero que luego debía aplicarse una tasa judicial del 9,8% anualizada. Luego, si el cierre del taxi se definiera en junio pasado, el número del dinero que debería pagarse a los demandantes sumaría algo más de 1.580 millones de dólares. A este número deberían agregarse los punitorios de Griesa, con lo que la cifra final superaría los 1.600 millones de dólares. Y esto, siempre que los fondos buitre accedan a cerrar la canilla el día en que la Corte rechazó la apelación y Griesa retomó el caso. Aumentar o no la cantidad de millones de dólares dependerá, otra vez de Griesa. El juez tiene el derecho de continuar aplicando punitorios por el período de negociaciones (aunque no intereses).

Por otro lado, a la suma hay que incorporar un rubro más: los gastos de todo el juicio que, como perdedor, le recaerán en gran parte a la Argentina. Y se trata de millones de dólares, ya que dependerá de lo que determine Griesa a partir de las pericias que se tuvieron que ejecutar para la resolución del caso. Por ejemplo, los costos de los asesores financieros del juez que deben calcular el monto final a pagar, incluyendo sus propios honorarios.

Una vez que cierre este número, que nunca será menor a los 1.630 millones de dólares se abrirá el nuevo, y más temerario, contador de deuda. Será el del resto de los bonistas que no ingresaron a los llamados a los canjes de deuda de 2006 y 2010, y que durante un período indeterminado podrían recurrir al tribunal de Griesa a que les reconozcan los mismos derechos del fallo ganado por Elliott, Aurelius, Olifant y compañía. Sólo teniendo en cuenta el nivel de dinero que quedó fuera del canje (unos 7.000 millones de dólares más que los que ya están computados en el fallo), y agregando sólo los intereses, el número definitivo superaría los 16.000 millones de dólares. Ése sería el monto de los eventuales bonos que el país debería emitir para cerrar los capítulos de los bonistas que no aceptaron ingresar en los canjes de deuda de 2006 y 2010. Aún faltaría calcular el monto más importante: el que el país debería pagar en el caso que se aplicara la cláusula Right Upon Future Offers (RUFO) y los bonistas que ingresaron en los dos llamados a reestructurar deuda reciban el mismo trato que los bonistas y los fondos buitre. Ese número, directamente, es escalofriante.

@cburgeno