Bullrich concretaría “vendetta” de Macri contra jueces laborales

La candidata avisó que si gana anulará la Justicia del Trabajo nacional y pasará sus funciones a la Ciudad de Buenos Aires, donde impera el PRO.

La andanada discursiva de esta se mana de Patricia Bullrich contra la legislación laboral vigente tuvo un capítulo que sorprendió incluso a sus propios asesores y que remite a un viejo anhelo de Mauricio Macri: la supresión del fuero nacional de la Justicia del Trabajo y la transferencia de todas sus competencias al Poder Judicial porteño, adonde el PRO tiene una influencia decisiva. La declaración fue repudiada por la CGT y los jueces laborales.

Se trata de un proyecto que la “mesa judicial” de Cambiemos intentó poner en práctica por numerosas vías durante el mandato 2015-2019 y que incluyó sugerencias poco sutiles a magistrados del fuero para que se avinieran a complacer al oficialismo de turno, jurys a varios de ellos y atajos legislativos orientados a vaciar ese enclave que, para el macrismo, es una pieza supuestamente fundamental de la que considera una “industria del juicio laboral”.

En su participación en una entrevista del canal Neura, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio prometió “derogar en dos minutos” y vía Decreto de Necesidad y Urgencia leyes que disponen multas a empresarios que inclumplen con la normativa respecto de su personal pero de inmediato fue más allá: “Le voy a pasar la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. El Estado nacional no tiene por qué tener una Justicia laboral que está contaminada y dominada por los gremios. Nunca un empresario gana un juicio...”.

Se refirió en esos términos a un fuero que nació en 1944 y que cuenta en la actualidad con 80 juzgados de alcance nacional y tres salas de la Cámara del fuero integradas por tres magistrados de segunda instancia cada una de ellas. Interviene en las causas que vinculan al Ministerio de Trabajo de la Nación o que involucran a intereses empresarios distribuidos en más de un distrito. El macrismo, desde su instalación como fuerza política nacional, lo relacionó a los sindicatos con mayor influencia y, en particular, al abogado laboralista y exdiputado Héctor Recalde.

El primer intento de Cambiemos por condicionar a los jueces del Trabajo se produjo apenas asumió Mauricio Macri. En lo que supuestamente se había programado como una visita protocolar a la Cámara laboral, el primer ministro de Trabajo de esa gestión, Jorge Triaca, les dijo a sus integrantes que el Gobierno pretendía “consensuar” la doctrina a aplicar en sus fallos en adelante para adecuarla a las necesidades del nuevo oficialismo. Así lo ratificaron bajo juramento camaristas como Luis Raffaghelli, entre otros presentes en aquella conversación.

Triaca, que ni siquiera desmintió el tenor de aquellas dichos, se incorporó en 2020 como imputado a la causa que investiga la denominada “mesa judicial macrista” y que incluye como potenciales responsables al propio Macri y a buena parte de su Gabinete. El expediente avanzó hasta 2022 bajo el imipulso del fiscal Franco Picardi, pero ese año la jueza federal a cargo del sumario, María Eugenia Capuchetti, decidió reasumir la titularidad de la instrucción y desde entonces no hubo una sola novedad sobre posibles avances.

Disconforme con el resultado de aquella cumbre, el entonces ministro pidió iniciarles juicios políticos a magistrados del fuero que habían dictaminado en contra de los intereses del Estado nacional bajo el dominio de Cambiemos. Lo hizo contra Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, que habían homologado un acuerdo salarial alcanzado por el gremio Asociación Bancaria y las gremiales de las entidades financieras pero que el Ejecutivo veía entonces como un riesgo para su política salarial. También, contra Raffaghelli y su colega Diana Cañal por haber ordenado la reinstalación en sus puestos de trabajadores despedidos de la Afsca.

Aquellas maniobras de hostigamiento sobre los jueces laborales se concretaron en simultáneo con otras acciones directamente orientadas a limitar o suprimir el poder de sindicatos que rivalizaban con el macrismo, como la intervención de una docena de ellos, la interrupción del cobro de aportes de sus afiliados o la persecución, espionaje e intento de encarcelamiento contra varios dirigentes que declararon en ese sentido como Hugo y Pablo Moyano (Camioneros) o Roberto Baradel (docentes bonaerenses, Suteba).

Un sondeo de este diario en el equipo de asesores de Bullrich recogió un grado de sorpresa por los dichos de la candidata tras aclarar que la supresión del fuero laboral no forma parte de los papers elaborados por los técnicos de las fundaciones de los principales partidos que integran la coalición opositora. Uno de ellos arriesgó que la iniciativa responde directamente a los anhelos de Macri y de Daniel Angelici por acotar al máximo esa instancia y transferirle sus competencias a la ciudad de Buenos Aires, tal como votó en 2021 la Legislatura porteña.

“Hay un discurso sensacionalista muy instalado que apunta contra las normas que protegen a los trabajadores y contra quienes las hacen valer. Es muy preocupante lo de Bullrich y de una total liviandad decir que en dos minutos va a eliminar por decreto la legislación laboral protectora, que costó mucho esfuerzo de los trabajadores”, le advirtió a este diario Juan Orsini, presidente de la Asociación de Jueces del Trabajo (Anjut). El juez, que actúa en la provincia de Buenos Aires, consideró que “es obvio que se quieren pasar las competencias a la ciudad para que quede todo bajo el dominio del mismo partido político que gobierna desde hace muchos años”.