En la mira. La ministra apuntó nuevamente contra “bolivianos, peruanos y paraguayos”, en su afán por combatir a los traficantes de drogas.
Mientras el Gobierno le da las últimas pinceladas al decreto que endurecerá los controles migratorios de los extranjeros con antecedentes penales y permitirá expulsar -mediante un trámite rápido- a aquellos foráneos que incurran en hechos delictivos dentro del territorio argentino, la ministra de Seguridad volvió a cargar contra paraguayos, bolivianos y peruanos al afirmar que "la concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la mayor preocupación en nuestro país". Patricia Bullrich recurrió nuevamente a la estadística que sostiene que uno de cada tres presos por traficar drogas proviene de otros países (fundamentalmente latinoamericanos) para justificar la necesidad de "ordenar las relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú". En declaraciones radiales, la titular de la cartera de Seguridad simplificó el plan que será presentado en las próximas horas: "Aquel que tenga antecedentes de delitos federales, como trata, narcotráfico, no va a poder entrar, y toda persona extranjera que cometa un delito tendrá un trámite rápido de expulsión. Es decir, cuando una persona quiera pedir una residencia temporaria o permanente lo tiene que hacer con un certificado de antecedentes, si en ese certificado hay hechos reñidos con la ley penal, no se la va a recibir". En este sentido, Bullrich afirmó que al país "vienen ciudadanos paraguayos y peruanos que se terminan matando por el control de la droga", al tiempo que reconoció que, a pesar de las medidas que se están analizando "habrá una parte que se nos va a escapar". Para la ministra, aproximadamente de un millón de personas "el 90% ingresa con algún tipo de control; nosotros tenemos un tránsito de 10 millones de personas en las fronteras".
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El pasado lunes Bullrich, el ministro de Justicia Germán Garavano y el de Interior, Rogelio Frigerio, se reunieron con el director nacional de Migraciones, Horacio García, y el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, para avanzar en la modificación del sistema migratorio. De acuerdo con lo que trascendió luego del encuentro, los principales puntos en los que busca avanzar el Gobierno son:
- Otorgarle mayor celeridad a los convenios de información con Estados Unidos, Colombia y los países limítrofes.
- Utilizar la información que suministran las empresas aéreas de transporte de pasajeros a través de los sistemas API (Información Anticipada sobre Pasajeros) y RNP (Registro de Nombres de Pasajeros) para cotejarla con los registros de antecedentes de cada país (sistema que será presentado esta tarde por el ministro Frigerio).
- Centrar la labor investigativa en las denominadas "zonas de paraguayos o peruanos" que se insertan en los asentamientos para "promover actividades delictivas".
- Optimizar el trabajo con la fiscalía antidroga (PROCUNAR), con la finalidad de establecer un sistema de prohibición de reingresos para personas con antecedentes importantes.
- Capacitar al personal que se desempeña en los pasos fronterizos e intensificar el trabajo en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
- Procurar que se cumpla el artículo 29 de la Ley 25.871 que estipula que será causal de expulsión "haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más".
- Conectar las bases de datos de las fuerzas de seguridad nacionales con la información criminal que proviene de INTERPOL internacional para que "cualquier juzgado de cualquier lugar del mundo que genere una restricción sobre un ciudadano aparezca en la Argentina"
Los argumentos que utilizan los funcionarios macristas para defender la iniciativa apuntan a demostrar con números que no existe ningún resabio xenófobo en la intencionalidad de controlar el traslado entre países de individuos con antecedentes penales: durante 2016 la dirección de Migraciones otorgó 28 mil turnos a migrantes para que regularicen su situación. "Este país tiene autoridad moral para sentarse a discutir la forma en la que ingresan y cómo le ponemos cortapisas a los delincuentes, para que se vayan", explicó un funcionario de la dependencia. "Es muy importante que se comprenda que el futuro no pasa por hacer revisionismo; hay que resolver los problemas del presente. Si Argentina resuelve bien su situación migratoria vamos a tener un éxito importante a nivel productivo, porque pueden vivir 80 millones en el país", explicó Horacio García.
