Busca Macri prohibir cuidacoches y encapuchados en protestas

Mauricio Macri, la diputada y ex vicejefa Gabriela Michetti y el ministro Guillermo Montenegro al anunciar ayer el Gobierno proyectos para limpiar las calles de cuidacoches y limpiavidrios, y de enmascarados para las protestas.

Mauricio Macri salió ayer con una propuesta de endurecimiento del Código Contravencional porteño y sacudió a la Legislatura -pronta al receso pascual- con el anuncio del envío de tres proyectos de ley. Todas las iniciativas están relacionadas con la seguridad y caen en medio de la última purga de la Policía Metropolitana, que desplazó a 35 integrantes de la fuerza al descubrirse que mantenían causas judiciales.

En una conferencia de prensa, junto al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, el jefe de Gobierno anticipó algunas de las modificaciones que quiere se realicen a la norma de faltas y contravenciones. Apuntó a la prohibición de la actividad de los llamados «trapitos» y también de los limpiavidrios que interceptan a los automovilistas cuando se detienen en los semáforos, que suelen ser queja permanente de los vecinos. Agrega también la prohibición de transitar encapuchados y con palos en las manifestaciones y endurece el castigo para otras contravenciones como el hostigamiento o las pintadas en lugares públicos.

Las otras tres iniciativas (ver nota aparte) se refieren a la creación de un registro de ADN, al permiso de usar las armas Taser que le frenó la Justicia a la Policía Metropolitana y a que también se otorgue la posibilidad de construir las comisarías porteñas en parques, tal como lo impidió también la Justicia ante la presentación de amparos ya en dos oportunidades.

La cruzada que le solicita Macri a su bloque PRO de la Legislatura porteña no es menor. La bancada oficialista no reúne sola los 31 votos que requiere al menos la reforma al Código Contravencional y requerirá al menos de 5 diputados de la oposición para convertir en ley la propuesta. Pero ya salieron varios legisladores en contra de la medida que contiene 11 artículos y abarca otros puntos de la norma que pretende cambiar. Sin embargo, la principal queja es por la integración de la Policía Metropolitana y las crisis que protagonizó.

El proyecto de reforma contravencional lo elaboraron funcionarios de Seguridad, como Matías Molinero; de la Subsecretaría de Gobierno, Marcelo Godoy, y el propio jefe policial Eugenio Burzaco.

El primero y el segundo artículos del proyecto son para incluir en el Código la prohibición en la Ciudad de Buenos Aires de «la actividad de cuidacoches y de limpiavidrios sin autorización legal». Define como «cuidacoches a la persona que ofrece voluntariamente y sin guardar relación alguna con la administración pública el servicio de estacionamiento y/o indicaciones para el mismo y/o cuidado para un vehículo que se estacione o se halle estacionado en la vía publica, ya sea ésta en forma gratuita, onerosa o a cambio de una retribución voluntaria». Luego define «como limpiavidrios a la persona que ofrece voluntariamente y sin autorización de la autoridad de aplicación la limpieza de vidrios de cualquier tipo de automotor en la vía pública, ya sea ésta en forma gratuita, onerosa o a cambio de una retribución de quien recibe el servicio».

Por cierto, la figura de cuidacoches ya es sancionada con la ley actual; con la prohibición total, el Gobierno porteño busca acelerar los trámites de denuncia que formulan los usuarios y además aumenta el castigo proponiendo tanto para esa actividad ilegal como la de limpiavidrios de uno a cinco días de arresto o multa de $ 200 a $ 2.000. Actualmente, la multa máxima es de $ 400 y se duplica si existiera un organizador. En la nueva propuesta se triplica el pago en esos casos. Luego eleva el castigo por «hostigamiento» y lo lleva de cinco a veinte días de arresto, cuando actualmente se fijan penas que contemplan el trabajo comunitario.

Sigue la propuesta de reforma elevando las multas por «ensuciar bienes» de dominio público, que impone de $ 600 a $ 5.000 y se duplica si se realiza desde automóviles o afecta, entre otros, estatuas y monumentos, como sucede actualmente, pero ahora el pago es de $ 200 a $ 3.000.

En el sexto y en el séptimo artículo del proyecto se prohíbe «participar en marchas o manifestaciones públicas portando de modo intimidante palos, cadenas, bastones, fierros o cualquier tipo de arma no convencional», y también el uso de capuchas u otros atuendos para evitar ser identificados (excepto por razones religiosas o sanitarias). La idea de Macri es, además, castigar con hasta 20 días de arresto por portar armas no convencionales y agrega allí palos y otro tipo de elementos que se lleven específicamente en manifestaciones.

Finalmente, el jefe de Gobierno pide incorporar al Código Contravencional «portar injustificadamente ganzúas o elementos para forzar cerraduras: será sancionado con arresto de cinco a veinte días el que, sin causa justificada, siempre y cuando no constituya delito, tenga en su poder ganzúa u otro instrumento destinado a forzar cerraduras o abrirlas sin el uso de una llave».

Para terminar, Macri propone que no sea el juez quien define el arresto preventivo del contraventor, sino el fiscal. Consideran en el Gobierno porteño que hasta ahora los magistrados se inclinan por dar libertad a quien cometió la falta. De todos modos, la propuesta obliga a un juicio abreviado de no más de 48 horas.