Calcaterra, cliente incómodo de financiera de Lázaro Báez

Lázaro Báez

La Justicia federal constató, en el marco de la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez, que la empresa Iecsa, de la cual es dueño Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, era cliente de la financiera SGI, epicentro de la maniobra de blanqueo de activos sospechada.

El juez Sebastián Casanello acreditó -mediante pruebas obtenidas en un allanamiento- que existía documentación de la firma con la que Báez dijo asociarse para participar de la licitación de dos represas en Santa Cruz. En tanto, la Oficina Anticorrupción fue aceptada como querellante en el expediente, mientras se aguarda la audiencia clave en la Cámara Federal que se llevará adelante el lunes próximo, y la que el principal imputado pidió que fuese a solas y "a puertas cerradas".

Anoche, la empresa IECSA salió a aclarar que si bien había abierto una cuenta en SGI, por ofrecimiento de sus dueños, nunca había descontado cheques ni realizado operaciones financieras.

Sin abogados. Sin periodistas. Sin testigos. Báez solicitó estar en soledad con los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah el lunes a las 11:15, horario concedido para la audiencia que solicitó de puño y letra. Así lo informaron sus abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari. El empresario argumentó que la presencia de otras partes "distorsionaría" la intención de exponer cuestiones de su "situación personal vinculada al trámite de la causa". Será una jornada intensa: la Cámara -que aún debe pronunciarse sobre el primer procesamiento por lavado a Báez- empezará más temprano a definir el futuro del juez Casanello, con la audiencia convocada para que Leandro Báez exprese los argumentos para apartarlo.

Luego tendrá que atender la apelación al segundo procesamiento dictado por el juez -quien ya está en Roma para asistir a una cumbre contra el crimen organizado impulsada por el Vaticano- por el reingreso al país de u$s 33 millones a través de una maniobra de compra de títulos de la deuda soberana argentina vía la empresa suiza Helvetic Services Group, que había tomado control de SGI como parte de la maniobra de lavado investigada.

Es precisamente en ese auto de procesamiento donde Casanello detalló la vinculación de Iecsa con la causa por su operatoria en la "cueva" ubicada en Puerto Madero, a partir de documentación hallada en sus oficinas. Esto se suma al descargo del propio Báez, que no fue tenido en cuenta por el juez como argumento para justificar la transacción con Helvetic. Para explicar la maniobra, Casanello hizo referencia a los allanamientos de las oficinas de SGI y OACI efectuados al inicio de la causa, donde "se han hallado tarjetas de ejecutivos de Synohydro (una de las integrantes de la UTE en la licitación por las represas). En idéntica dirección, debe decirse que durante los referidos procedimientos se ha encontrado un legajo de cliente de Iecsa", ratificó.

"Así, dicha carpeta muestra, por ejemplo, el registro de firmas de las personas representantes de la empresa para actuar ante SGI, donde se encuentran Santiago Ramón Altieri -que en ese entonces ocupaba la presidencia de la firma- y los directivos Alejandro Omar Blasco, Giordano Meda y Víctor Ramón Ignacio Folch", según surge de la resolución. Estas firmas se encuentran certificadas por los apoderados del Banco CMF S.A. en fecha 24 de mayo de 2012", añade el juez.

"Acompañado al legajo referido se encuentra copia certificada del poder especial bancario y financiero otorgado por el Directorio de la empresa a, entre otros, los nombrados en el párrafo que antecede, quienes se encuentran facultados a realizar operaciones bancarias, otorgamiento y/o transferencia de garantías, dar y/o tomar dinero en préstamo, contratos de compra y de venta, contratos de leasing y fideicomisos, y fondos comunes de inversión", consignó el magistrado en la resolución.

Asimismo, destacó que "también se observa un informe de Evolución de Ventas de los años 2006 a 2012 como así la Memoria y Balance correspondiente al 31/12/2011. A su vez allí obra una nota de Iecsa, dirigida a SGI, en donde hacen saber, a petición de la financiera, quiénes son los dueños de la constructora. En ella lucen Calcaterra como accionista minoritario y como mayoritario el grupo ODS S.A., que sería el holding de propiedad de ese empresario. La misiva está suscripta por Altieri y tiene fecha 12 de mayo de 2012". El juez relata que "para esas fechas en que las constancias muestran a Iecsa efectuando la presentación para constituirse como cliente de SGI, y así comenzar a operar la financiera, ya era propiedad de Helvetic y era controlada por Lázaro Báez".