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Cámara desplazó a juez recusado por funcionario
La defensa del secretario, encabezada por el ex camarista y ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, había objetado la actuación del juez subrogante, alegando presunta falta de idoneidad y temor a parcialidad en su desempeño.
En el escrito presentado, los defensores de Albistur argumentaron que Aráoz de Lamadrid no había tomado medidas de importancia hasta después de los primeros días de agosto, cuando se dio a conocer el resultado adverso que había obtenido en un concurso para ser el titular del juzgado que hasta el momento subroga. En este punto, también resaltaron su supuesta falta de idoneidad para el puesto, por los bajísimos resultados obtenidos en ese examen.
Si bien reconoció que un juez tiene la facultad de determinar qué medidas se adoptan y cuándo se convoca a indagatoria a un imputado, la Cámara enfatizó que «lo cierto es que en el caso concreto se han constatado ciertos extremos que pueden justificarlo a partir de aquellas versiones periodísticas».
Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero (Eduardo Freiler votó en disidencia) puntualizaron también la demora en la que incurrió Aráoz de Lamadrid para citar a Albistur a indagatoria e indicaron que «más allá de lo alegado en torno de la necesidad de estudio de la prueba recibida, ello no justifica aquel tiempo de parálisis casi total de la instrucción».
En este punto, los magistrados destacaron que «la constatada demora registrada en el sumario previo a la citación a indagatoria» de Albistur, y «la decisión de convocarlo solo, son circunstancias objetivas que, a partir del contenido de la versión periodística sobre el contexto en que aquello fue dispuesto, alcanzan a constituir una razón legítima para dar crédito al temor de parcialidad que la parte ha alegado».
Ahora, será la misma Cámara la que deba adjudicar el caso a otro juez. La causa contra Albistur se inició el 14 de abril de 2008, luego de una denuncia formulada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Se lo investiga por el presunto manejo irregular de la pauta oficial de publicidad por parte de la Secretaría de Medios de Comunicación.


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