Cambio de ley por indagatorias también agita interna en Teherán

Susana Ruiz Cerutti, de la Secretaría Legal y Técnica de la Cancillería, se encargó de fundamentar la naturaleza jurídica del acuerdo con Irán.

El eventual viaje del juez federal Rodolfo Canicoba Corral a Teherán para indagar a un grupo de sospechosos de haber participado en la voladura de la AMIA requiere como paso previo una modificación de la legislación iraní. Se debe autorizar que un juez extranjero juzgue a ciudadanos iraníes. Se trata de una procesión compleja a través de los distintos vericuetos de la política interna del país persa y que deberá comenzar en un Parlamento unicameral dominado por la tensión entre reformistas y ortodoxos. Un choque que despierta grandes pasiones entre defensores de los ideales de la revolución de 1979 (de fuerte sesgo religioso) y los llamados pragmáticos, que apuestan por una mayor apertura a la economía internacional. Aun así, el escenario más complejo será el Consejo de Guardianes, un grupo de «notables» con poder de veto sobre las decisiones legislativas.

El Parlamento iraní, donde debería modificarse la legislación para que los sospechosos sean interrogados, se conforma por 290 escaños. Este ámbito es el paso obligatorio para ratificar el memorando que el Gobierno defendió ayer en el Senado. La administración de Mahmud Ahmadineyad (ortodoxa y de extrema sintonía con el líder religioso del país), en un año electoral, se encuentra debilitada en el plano legislativo, no sólo por el rechazo de los aperturistas a sus propuestas sino por el hecho de que la elite clerical, de fuerte influencia entre los ortodoxos, también promete ser una facción difícil de seducir.

Para estos grupos, de marcado perfil «legalista», cualquier ofensa o difamación contra Irán debe ser penalizada, tal como consta en el código penal del país. Es por esto que en 2006 el procurador general de Teherán solicitó, sin éxito, a Interpol la detención del fiscal argentino que investiga el caso AMIA, Alberto Nisman. Un pedido que la Justicia persa todavía no ha revertido.

El presente de Ahmadineyad también está marcado por su distancia con dos expresidentes (Ali Akbar Hachemi Rafsanjani y Mohamed Jatami) de su misma línea pero que retienen estructuras políticas de peso y que se pueden hacer notar en el Parlamento. Al mismo tiempo, el mandatario ha afrontado una serie de movilizaciones de protesta nunca vistas desde la instauración del orden político revolucionario en 1979, cuando el último sha fue eyectado del poder por su cercanía con las potencias centrales.

De atravesar el plano legislativo, la reforma legal todavía debería ser aprobada en el Consejo de Guardianes. Se trata de doce hombres, seis teólogos y seis doctores en Derecho. La mitad se elige por voto popular y el resto son designados por el líder supremo, Ali Jamenei.

Este grupo de notables tiene una influencia determinante: además de controlar que todas las leyes del Parlamento se encuentren en confluencia con la Shaira (ley islámica), cuentan con la atribución de vetar candidatos legislativos y presidenciales. La revisión del memorando negociado en Zurich bajo estos parámetros ya anticipa un largo debate en las principales esferas de poder del país persa.