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Campaña sucia: asesor procesado
Daniel Filmus
El extitular del PJ Capital Juan Manuel Olmos, tras la elección, formuló la denuncia sobre la realización de llamados telefónicos del tipo encuestas en los que se preguntaba a los eventuales votantes si sabían que el padre de Filmus estaba vinculado a Sergio Schoklender en momentos en que se desató el escándalo con los planes de vivienda a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Luego de dar esos datos, se les preguntaba a los electores si igualmente votarían al senador kirchnerista.
Durán Barba negó desde un inicio haber tenido participación en ese tipo de llamados y que nunca los habría puesto en marcha.
La jueza procesó al consultor y también a sus socios José Garat y Rodrigo Lugones, a la vez que trabó un embargo por $ 130 mil.
La acusación se sustenta en infringir el artículo 140 del Código Penal, que prevé de dos meses a dos años de prisión a quien «con engaños indujeran a otros a sufragar en determinada forma o abstenerse de hacerlo».
Conflicto
Los llamados habrían partido desde las consultoras Tag Continental, Conectic SRL y NSS, según la investigación, todas vinculadas a Lugones y Garat, que además funcionaban en las oficinas de propiedad del ecuatoriano.
En la causa hubo un conflicto de jurisdicciones, pero un dictamen determinó que el expediente debía seguir en la Justicia Electoral nacional y no en un fuero porteño, mientras que Servini llamó a indagatoria a los tres acusados. Sin embargo, tanto Durán Barba como sus socios se negaron a declarar, y el politólogo rechazó los cargos en su contra.
Filmus celebró ayer el fallo y aseguró que se encontraron documentos «de empresas que recibieron cerca de $ 6 millones de cinco ministerios del Gobierno de la Ciudad, como contratos, facturas y subsidios estatales».
Según el senador, la Ciudad, mediante la
Resolución 296, contrató a Connectic por $ 1.134.000 para la realización de 6 millones de llamadas y, durante la campaña porteña, amplió ese acuerdo a emitir 900.000 llamadas más por otros $ 220.000.
«Esto figura de forma oficial: es un contrato realizado en la Jefatura de Gabinete y autorizado por su responsable», aseguró Filmus.
Por su parte, la legisladora aliada al kirchnerismo Gabriela Cerruti sostuvo sentir «vergüenza como porteña por tener un jefe de Gobierno y su asesor de campaña procesados por la Justicia».

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