“Campo quiere diálogo, pero sin favoritismos”

Escuchamos voces que nos piden diálogo y caminos de encuentro en la búsqueda de soluciones que la extraordinaria sequía que ha castigado a nuestro país las hace aún más necesarias. Un desastre natural como la sequía tiene dos efectos: los actuales y los futuros. Los primeros son tan graves que ya hoy los daños superan los 8.000 millones de dólares. Los efectos futuros están engarzados con las expectativas y, por lo tanto, dependen en gran medida de la actitud de los actores puestos a moderar sus efectos.
En esta instancia es sumamente necesario el apoyo del Gobierno, ya que cuando los productores tengan que recomponer sus rodeos o encarar una nueva siembra deberán contar con acceso al crédito y fundamentalmente disponer de reglas claras y estables que permitan creer en la recuperación y en el éxito del sacrificio a realizar para superar esta etapa.
Es por esto imperativo hablar de diálogo, de la concurrencia de intereses entre gobernantes y gobernados en busca del bien común, que no es otro que el de la República.
Cuando se alzan voces acusando a la dirigencia rural por la falta de éxito en esta búsqueda, hay que recordar que el diálogo es una tarea de por lo menos dos partes y que desde la Comisión de Enlace hemos solicitado tantas reuniones como tantas sin respuesta hemos tenido, siendo en el mejor de los casos derivados a funcionarios de menor jerarquía que aquel a quien nos dirigíamos.
El último intento fue el 21 de enero, unos pocos días antes de la firma del decreto de emergencia agropecuaria 33/09. Ante la cada vez más grave y angustiante sequía, la Comisión de Enlace le remitió una carta a la Presidente de la Nación donde solicitaba una urgente reunión y exponía la necesidad de considerar una serie de puntos encabezados por la declaración de emergencia o desastre cuando correspondiera.
¿Qué hubiese aportado el diálogo que siempre pedimos y siempre nos negaron? Primero, que se aplicara la Ley de Emergencia 22.913, que por cierto tiene más alcance que el Decreto 33/09. Considera el desastre cuando se supera el 80% de afectación, abarca todos los impuestos y sin intereses, etc. También establece en su artículo 5 inciso «h», que pueden ser incluidas todas las actividades que se consideren afectadas y las enumera taxativamente: comercio, industria y civiles. Aplicando esta ley, los hoteleros o restoranes que tanto preocupan a nuestra Presidente podrían haber estado incluidos, lo cual no ocurre con el Decreto 33/09.
En segundo lugar, en la carta de la Comisión de Enlace a la Presidente se enumera una serie de acciones necesarias para poder generar el clima indispensable para encarar la reconstrucción de las actividades agrícolas-ganaderas. Entre ellas varias no tienen costos fiscales, como las derogaciones de las resoluciones ONCCA 42 y 543.
Los productores pueden asegurar que cuando decidimos acciones de protesta, previamente hemos agotado todas las posibilidades de diálogo.