Cancillería acusó a Uruguay de proteger empresa en hidrovía

Héctor Timerman

El Gobierno argentino llevó anoche al límite la discusión con Uruguay por la licitación del dragado del Canal Martín García: acusó a Montevideo de no colaborar con la investigación sobre las supuestas irregularidades en el proceso para otorgar esa concesión, caso que en realidad comenzó por un informe presentado por el organismo de control de cuentas de ese país.

Fue el punto más duro de un fin de semana de cruces continuos.

El viernes, Héctor Timerman le había enviado una nota al canciller Luis Almagro para comunicarle que, tomando en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas uruguayo, la empresa Boskalis International, controlante de Riovía sospechada de ofrecer sobornos, perdió la condición de precalificada y por lo tanto al Argentina instruiría a sus representantes que se la excluya de la licitación pública para continuar con el dragado del Canal Martín García.

Montevideo contestó el sábado con otro comunicado: Uruguay «nunca ha apoyado a empresa en particular alguna a efectos de realizar tareas en el Río de la Plata», se dice allí. El Gobierno «apoya exclusivamente la realización de procedimientos que aseguren la selección de ofertas mediante los principios de competencia, transparencia e igualdad de los oferentes conforme a derecho, ateniéndose únicamente a los componentes técnicos y económicos de las ofertas».

Tensión

Anoche, el Gobierno argentino cerró ese diálogo de declaraciones con el comunicado más duro que se emitió hasta ahora, justo a 24 horas que comience en Brasilia una cumbre del Mercosur que hasta parecía estar destinada a pasar a la historia por la prevista incorporación de Venezuela como miembro pleno, pero que ahora tiene su mayor tensión en el encuentro allí entre Cristina de Kirchner y José Pepe Mujica.

Con el título, «¿Quién protege a Riovía?», la Cancillería dice: «A menos de 24 horas de la apertura de ofertas para las obras de mantenimiento la Argentina no ha logrado la colaboración de la República Oriental del Uruguay para dilucidar responsabilidades en los supuestos actos impropios denunciados por su Tribunal de Cuentas».

Y continúa: «Si el Gobierno uruguayo desea, realmente, investigar los actos que involucran al embajador Bustillo y Riovía podría empezar a preguntarse por qué a pocos días de finalizar los pliegos para el llamado a la primera licitación internacional aparecen centenares de artículos sobre un supuesto intento de coima que de haber ocurrido lo fue dos años antes y al cual ni el embajador Bustillo ni el canciller Almagro jamás se refirieron ni enviaron a la Justicia».

Resumen

Así la Argentina da vuelta la discusión pero en un camino de ruptura entre las dos Cancillerías que deja sólo la vía del diálogo para los presidentes: «La Argentina desea recordar que en diciembre de 2010 fue el propio Uruguay quien solicitó analizar la contratación directa de la empresa Riovía para el dragado y profundización del canal Martín García».

Y se incluye un resumen de la historia del caso según la visión local: «En febrero de 2012 la delegación argentina propone concentrarnos en el llamado a licitación para ir directamente a la profundización. Sorpresivamente, el día 16 de marzo la delegación uruguaya suspende las reuniones de marzo y abril y recién se presenta el 3 de mayo donde se le hace entrega de una versión muy avanzada de los pliegos del llamado a licitación que podría anunciarse el día 30 de mayo. Inmediatamente, comienza una campaña mediática en el Uruguay que se centra en el embajador Bustillo y el supuesto intento de sobornarlo.

Los días pasan, el escándalo crece y el silencio de Bustillo es más que llamativo. Para colmo, unos días después otro embajador uruguayo, Julio Baraibar declara por radio «Bustillo me contó con detalle que lo habían querido sobornar, que se había negado a aceptar la oferta y que había informado a sus superiores».

El comunicado de ayer termina: «Estas versiones son recogidas por el informe del Tribunal de Cuentas del Uruguay volviendo a instalarlas en los medios de prensa pero negándose el Gobierno uruguayo a cooperar con la Argentina en las «dudas» que plantea el Tribunal y que sugiere se eleven a la Justicia».