Capaccioli, sobreseído

El exsuperintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli fue sobreseído en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de un subsidio por casi 48 millones de pesos a 52 obras sociales sindicales. La resolución del juez federal Ariel Lijo benefició a otros tres exfuncionarios, pero no alcanzó a los gremios involucrados, que seguirán sujetos al expediente al menos hasta el año que viene. Tras la decisión del magistrado, el fiscal Carlos Stornelli apeló el viernes último por interpretar que fue apresurada.

La causa se basa en la Resolución 806/07, de la Superintendencia (SSS), que durante la gestión de Capaccioli había dispuesto un subsidio extraordinario de 47.744.950 pesos a distribuir entre 52 organizaciones de salud de gremios para la realización de planes de prevención de enfermedades. Lijo sobreseyó a Capaccioli por entender que el trámite administrativo que originó el subsidio fue correcto y cumplió con todos los pasos formales. La denuncia daba cuenta de un supuesto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público por el otorgamiento de subsidios por parte de una repartición, la Superintendencia, que no tiene atribuciones para hacerlo.

Aunque la investigación continuará sobre las obras sociales, el sobreseimiento de los exfuncionarios llevó alivio en el ámbito sindical, al suponer que una vez vencido el plazo de rendición de cuentas de los fondos percibidos, el año que viene, la causa pasará a archivo. Entre las organizaciones involucradas están las de camioneros, peones rurales, metalúrgicos, mecánicos, gastronómicos, estatales y sanidad.

Además de Capaccioli fueron beneficiados tres exdirectivos de la SSS: Oscar Cochlar, exgerente de Gestión Estratégica; Fernando Scopinaro, exsubgerente de Gestión Estratégica, y Horacio Ballesteros, exgerente de Asuntos Jurídicos.

La causa había sido impulsada por la exministra de Salud Graciela Ocaña, que en el desempeño de ese cargo anuló el subsidio. Su tramitación motivó una controversia entre Lijo y su colega Norberto Oyarbide por ver cuál de los dos seguía a al frente de la investigación. La Sala II de la Cámara Federal le dio el expediente el año pasado a Lijo y revocó los procesamientos que había dictado Oyarbide. De acuerdo con la resolución, las obras sociales tienen hasta el año que viene para rendir cuentas del destino de los fondos, por lo que formalmente el sumario continuará abierto al menos hasta entonces.