Casación define causa Oil en una semana; fiscal no pide prisión para Echegaray

El fiscal de Casación, Raúl Pleé sorprendió ayer en la audiencia convocada ante la Sala I, para revisar los procesamientos y las excarcelaciones de Cristóbal López y Fabián De Sousa, al eludir el pedido de detención del extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que había sido solicitado por el fiscal Germán Moldes en su apelación. Todas las partes ingresaron las denominadas "breves notas" para que los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo Riggi se expidan en el marco de la causa Oil Combustibles, algo que sucederá como máximo el 4 de mayo. La AFIP pidió la recalificación del delito imputado a defraudación contra la administración pública y que se revoque la decisión de la Cámara Federal de procesarlos por retención indebida de tributos. Casación no suele intervenir en cambios de carátula ni en discusiones entre fueros en caso de que el expediente termine en los tribunales en lo penal económico- dado que no es equivalente a sentencia firme. La propia Sala reafirmó este criterio el miércoles en un fallo que cuestionaba la validez del fuero federal ante un reclamo de los mismos imputados. Ahora también se les exige que definan prisiones preventivas.

López y De Sousa plantearon una defensa técnica a la que sumaron elementos políticos. La presión oficial hacia los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero tras el fallo cuestionado ahora, derivó en que hayan pedido irse del tribunal que ocupaban. Sostuvieron que las apelaciones eran inadmisibles, dado que Casación no se ocupa de revisar confirmaciones de procesamientos, embargos y encarcelamientos sin condena. Hubo citas a causas conexas con decisiones de los mismos camaristas. Y recordaron que fue la propia AFIP la que hace días solicitó al juez Julián Ercolini que eleve a juicio oral la causa y que la calificación podría ser provisoria hasta tanto no se dicte sentencia. La pena en expectativa es idéntica: de 2 a 6 años de prisión. Solo Echegaray podía recibir una pena mayor si se le aplica la ley penal tributaria, algo que paradójicamente, la querella de AFIP intenta evitar. "El cambio de calificación legal no conduce por sí mismo a la extinción de la acción penal ni mucho menos al sobreseimiento que desean evitar los recurrentes", insistieron al recordar que cualquier plan de pagos o moratoria solo depende de que la AFIP la conceda y no por el recorrido que tenga el expediente penal.

Otro de los puntos giró en el antecedente que la misma Sala de Casación expresó en noviembre pasado cuando ordenó a Ercolini retener el expediente. No lo hizo entonces en base a la calificación sino por la conexidad supuesta con otros expedientes que se tramitan en Comodoro Py. "Nunca sostuvo que los hechos en esta causa debían calificarse como una defraudación en perjuicio de la administración pública, subrayaron.

La fiscalía se amparó al pedir las detenciones "inmediatas" en la posibilidad de obstrucción de la investigación que citó ejemplos planteados por Ercolini cuando ordenó las prisiones preventivas. Allí enumeró un traspaso accionario al luego denominado Grupo Ceibo que nunca logró perfeccionarse porque era ad referéndum del propio juez que ordenó las capturas y la posibilidad de generar movimientos de fondos en la empresa, algo que ahora se tornaría imposible dado que está intervenida judicialmente. La defensa citó que el propio Ercolini consideró agotada la etapa de investigación, algo que la AFIP consintió. La fiscalía apuntó a ligar la maniobra investigada por el otorgamiento de 4 planes de pago del organismo recaudador dos generales y dos especiales- a una supuesta asociación ilícita investigada en otros casos.

En el fuero comercial hubo novedades en paralelo: dos firmas de peso se presentaron al proceso de "cramdown" para Oil Combustibles. Una de ellas es el Grupo Trafigura -una petrolera que adquirió las estaciones de Pampa Energía-, y Prarets International United, un fondo de inversión que también se mostró interesado al filo del cierre del plazo legal. La oferta del primero fue comunicada a la AFIP que deberá mantener en suspenso la sugerencia de quiebra que había planteado en el juzgado de Javier Cosentino hasta que se complete el proceso previsto para que se evalúe la viabilidad de su desembarco formal.