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Caso Ferreyra: juicio comienza 20 de febrero
José Pedraza
La fecha fue fijada por el Tribunal Oral Criminal 21, que quedará a cargo del debate. La certeza sobre el inicio del juicio se concretó un día antes de cumplirse el primer aniversario del homicidio.
Los jueces Horacio Leonardo Díaz, Diego Gustavo Barroetaveña y Carlos María Bossi resolvieron que el debate se extenderá hasta mediados de 2012 y que las audiencias se desarrollarán todas las semanas.
El asesinato se produjo el 20 de octubre de 2010 en Barracas, donde un grupo de tercerizados del Roca en compañía de activistas del PO fueron abordados por una patota supuestamente organizada por la Unión Ferroviaria. Los incidentes comenzaron en Avellaneda, donde había arrancado la protesta por el pase a planta permanente y subas salariales, y terminaron en el sur porteño con el asesinato de Ferreyra y graves heridas a Elsa Rodríguez, otra militante partidaria.
Detenidos
Poco después del crimen fueron encarcelados dos barras bravas, Cristina Favale y Gabriel Sánchez, sindicados como presuntos autores de disparos durante los incidentes. También fueron apresados cinco ferroviarios, entre ellos un delegado del Roca, Pablo Díaz. Con el avance de las investigaciones, a cargo de la jueza de Instrucción Susana Wilma López, fueron detenidos y procesados Pedraza, su segundo en la estructura del gremio, Juan Carlos «Gallego» Fernández, y el delegado Claudio Alcorcel.
La labor de la magistrada, silenciosa pero sin retrocesos, avanzó en la apertura de otras dos causas: por un lado, la que involucra a un grupo de policías acusados por supuesto «abandono de persona», ante la sospecha de no haberse involucrado en los incidentes que terminaron en la muerte de Ferreyra. Entre esos policías está el exjefe de la Superintendencia Metropolitana de la Federal, Hugo Lompizano. Para las querellas, los efectivos habrían generado una zona liberada para facilitar el ataque de la patota.
Por otro lado, y a partir de escuchas telefónicas, la jueza derivó a un colega actuaciones por supuesto tráfico de influencias. Se trata de un expediente que involucra al exjuez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, que fue defensor de uno de los sospechosos, en una presunta maniobra para comprar la voluntad de camaristas y favorecer así a los imputados.


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