Caso Greco; la UIF pide procesamientos por lavado

José Sbatella

El Gobierno pidió el procesamiento y que se trabe embargos sobre 17 personas supuestamente involucradas en el cobro de 54 millones de pesos efectuado por el Ministerio de Economía a un grupo de aseguradoras, derivado de una megacausa por supuesta administración fraudulenta. Lo hizo la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de los señalados por el aparente lavado del dinero que se obtuvo del pago al parecer irregular.

El último día hábil de 2011, la UIF se presentó en su carácter de querellante ante el juez federal Sergio Torres, que investiga los dos tramos del expediente: la causa principal, por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, contra exfuncionarios de Economía, y el sumario derivado por el blanqueo de los montos percibidos.

El organismo que dirige José Sbatella apuntó contra los titulares de las cuentas bancarias hacia las cuales fueron derivados los fondos y los responsables de las financieras que canjearon los cheques, presuntamente por fuera del sistema legal.

El expediente arrancó en 2009 por la investigación de un pago que Economía había autorizado en 2007 a favor de Accolade Pool por 53.963.115 pesos, en reconocimiento de una supuesta deuda de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro sobre la base de un fallo de la Justicia inglesa, que los tribunales argentinos desconocían. Ese pago fue detectado como una derivación de la investigación respecto de uno mayor realizado al Grupo Greco por cerca de 500 millones de pesos por parte del Estado.

Por la maniobra fueron procesados en 2010 los exfuncionarios Juan Intelisano, y Yolanda Eggink, junto a otras once personas entre directivos del Instituto de Reaseguros, empresarios y titulares de cuentas.

El pedido de la UIF, presentado el 30 de diciembre último, se relaciona con los supuestos beneficiarios de los pagos: Jorge Pallavicino, Darío Morresi y Jorge Enrique Rodríguez, como receptores en sus cuentas de los casi 54 millones de pesos. También, Juan del Azar, como presunto receptor de una transferencia al extranjero realizada por Pallavicino. El planteo alcanzó además a Laura Lozicki, Guillermo Monzón, Enrique Ángel Rodríguez, Andrea Díaz, Paulo Borda, Sergio Maldonado, José Bladimirsquy, Isabel de Jesús, Facundo Domínguez, Daniel Míguez, Viviana Dunezat, Chermidi Jadiyi Franco, Griselda Maridei y Jaquelina Fernández Guarniz.

El organismo, además, planteó la realización de medidas cautelares como congelamientos de cuentas, inhibición general de bienes, decomiso y embargo preventivo de los bienes de los imputados y de las empresas sospechadas de haber llevado a cabo la maniobra. Las medidas cautelares tienen como propósito central la preservación de los montos señalados como eventuales objetos de una maniobra ilícita, de modo tal de apuntar a su vuelta a las arcas públicas en caso de prosperar la tesis de los acusadores.

Se trata del primer expediente en que la Justicia aceptó como parte querellante a la UIF. Los investigadores sospechan que una vez librado el pago de 54 millones de pesos por la Tesorería General de la Nación, el monto habría sido derivado a cuentas bancarias de Pallavicino, Morresi y Rodríguez.

Parte del dinero fue girado por Pallavicino a Del Azar, en tanto que los otros dos investigados habrían librado cheques a favor de Compañía Donatel y Avincor Sociedad Anónima, los que a su vez se cree fueron canjeados en operaciones de descuentos o presentados al cobro por firmas que encajarían en la calificación de cuevas financieras.