"Estamos ante un juicio político", dijo la vocera del Gobierno regional, Neus Munté, en una conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo en Barcelona.
"Hay enorme anomalía democrática en la Fiscalía General del Estado y el Gobierno español para querellarse contra un presidente escogido democráticamente por haber puesto las urnas y escuchar la voz del pueblo", denunció.
La Fiscalía se querelló contra Mas y dos miembros de su antiguo gabinete, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la consejera de educación, Irene Rigau, por desobediencia, prevaricato, malversación y usurpación de funciones por la consulta del 9 de noviembre en la que participaron 2,3 millones de catalanes, de los que casi 1,9 millón votaron por la independencia.
El dirigente, que desde 2012 pedía la organización de un referendo de autodeterminación denegado por el Gobierno de Mariano Rajoy, impulsó esta consulta sin valor legal a pesar de la prohibición cautelar del Tribunal Constitucional, recurrido por Madrid.
El presidente, que podría ser inhabilitado, deberá declarar el 15 de octubre.
En las elecciones regionales del domingo pasado, presentadas como un plebiscito a favor o en contra de la independencia de la región, los partidos soberanistas obtuvieron la mayoría absoluta del Parlamento regional (72 sobre 135 escaños) aunque no alcanzaron el 50% de los votos (47,8%).
Aun así, se consideran legitimados para emprender el proceso que llevará a constituir en 2017 una república independiente en esta rica región del noreste de España con 7,5 millones de habitantes.
Esta citación "es la mejor demostración de por qué tenemos que ser un país independiente", aseguró el líder del partido independentista ERC (izquierda), Oriol Junqueras, aliado de Mas en la coalición Junts pel Sí, vencedora de las elecciones.
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, señaló que la imputación no se produjo antes para no interferir en las elecciones.
La imputación se produjo mientras empiezan las negociaciones entre Junts pel Sí y el otro partido independentista, la izquierda radical CUP, cuyos diez escaños serán necesarios para formar Gobierno.
Esta dependencia pone en peligro la presidencia de Mas, dado que la CUP se mostró contraria a apoyar un nuevo mandato. Pero ayer la formación mostró su solidaridad.
"Estamos ante un nuevo ataque contra las instituciones de un país por parte de un Estado demofóbico", dijo CUP en un comunicado, advirtiendo que "la desobediencia vivida el 9 de noviembre será una práctica habitual de ahora en adelante".
En tanto, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reclamó ayer un referendo de autodeterminación en Cataluña. "Se tiene que poder hacer un referendo vinculante en Cataluña, esto no se puede posponer más", dijo en su primera rueda de prensa tras los comicios.
"Una gran mayoría reclama un cambio radical en las relaciones entre Cataluña y el Estado", afirmó. "El gran derrotado es el Partido Popular, con su política inmovilista, reaccionaria, autoritaria que niega el diálogo", agregó.
| Agencias AFP y ANSA |
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