Causa DNI: empresarios negaron haber visto algo

La causa por el presunto pago de coimas en la licitación que ganó un consorcio privado capitaneado por la compañía alemana Siemens, junto con firmas argentinas para la confección de los DNI, se reactivó esta semana con las declaraciones indagatorias de los primeros ejecutivos, que se desligaron de cualquier ilícito. El juez federal Ariel Lijo escuchó a tres empresarios que reconocieron haber firmado contratos para la elaboración de los documentos pero negaron haber sido partícipes de la ingeniería entre compañías que demandó la licitación.

Orlando Salvestrini, de la firma Itrón Sociedad Anónima; Antonio Solsona, de Socma Americana, y Ricardo Rossi Beguy, de MTC Mercosur Technology and Comunications, concurrieron al juzgado con el patrocinio del mismo abogado. Coincidieron en desligarse de las acusaciones por el contrato y apuntaron a «los accionistas» de las firmas, en particular a la familia Macri.

Lijo deberá analizar ahora la voluminosa documentación recogida en el expediente y recién entonces estará en condiciones de valorar la posibilidad de citar a miembros de esa familia. Entre los accionistas figuran a esa fecha el jefe familiar, Franco Macri, y dos de sus hijos, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio (quien está desvinculado de la firma) y Gianfranco.

Hoy deberán prestar declaración indagatoria otros tres ejecutivos: Luis Cudmani y Claudia Maskin, de Itrón, y Guillermo Romero, de Socma. El magistrado investiga el presunto pago de coimas en la licitación que obtuvo Siemens para los nuevos DNI en 1998, y que involucra a funcionarios de los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Duhalde.

Lijo organizó una ronda de indagatorias a un total de 22 personas, en su mayoría ejecutivos argentinos y alemanes involucrados en la ingeniería accionaria del contrato.

Siemens, que había denunciado a la Argentina ante el tribunal internacional Ciadi por la cancelación del contrato en 2001, admitió en diciembre de 2008 ante el Gobierno de Estados Unidos haber destinado fondos para pagos irregulares (se presume que fueron los sobornos) y retiró su presentación en contra del país.

Uno de los ejecutivos citados por el magistrado es Carlos Sergi, señalado por la Justicia de Suiza como beneficiario de una cuenta bancaria en la cual se sospecha que los directivos de Siemens depositaron un pago de 15 millones de dólares, presuntamente parte de la coima.

El juez Lijo, que viajó en persona a Alemania para recabar información sobre la casa matriz de la compañía, presume que entre las firmas involucradas en la licitación existía un acuerdo previo para repartirse el negocio. Y que entre los beneficiarios de las presuntas coimas podrían haber figurado el propio Menem y dos de sus colaboradores más estrechos.

La investigación tuvo fuerte impulso a partir de la colaboración de la propia Siemens, que aportó datos acerca de 60 transacciones irregulares que daban cuenta de las coimas pagadas en el proyecto de elaboración de un nuevo modelo de documentos de identidad.

El magistrado organizó la pesquisa en forma escalonada, a partir del grado de responsabilidad y conocimiento de la maniobra ilícita. En primera instancia recabó información para constatar la existencia de pagos a modo de sobornos, y en segunda buscó verificar el grado de participación de los funcionarios públicos presuntamente involucrados en el negocio.