Causa IBM-Banco Nación: piden a Casación que reabra pesquisa

Carlos Menem

El fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal Raúl Pleé apeló el fallo del Tribunal Oral N°3 que declaró prescripta la causa en la que se juzgaba el presunto pago de sobornos para que la ANSES contratara a la empresa IMB para la actualización de sus sistemas informáticos y pidió que se vuelva a investigar a más de una docena de acusados.

La pesquisa, que se inició en 1996, fue cerrada por el Tribunal Oral N°3 poco después de que comenzara el juicio oral contra los acusados a fines de febrero de 2011. En esa sentencia los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Gerardo Larrambebere señalaron además que no se había hecho una adecuada descripción de los hechos que se les imputaban a cada uno de los acusados, argumento que en su momento fue apelado por la fiscal de primera instancia a cargo de la investigación, Sabrina Namer.

En la causa se investigó el supuesto pago de $ 300 mil en sobornos para que la ANSES contratara durante el Gobierno de Carlos Menem de manera directa a IBM, a través de la firma Management & Work, para la actualización de los sistemas informáticos del organismo que implicaba un contrato de $ 60 millones. Quienes fueron acusados en el juicio oral y público interrumpido fueron los exfuncionarios de la ANSES Roberto Mateo Moschini, Octavio Rossi, Julio Juan José Leguiza y Arnaldo Cisilino; los exdirectivos de IBM Gustavo Soriani, Jorge Siri, Alberto Minazzoli, Eduardo D Alessandro, Juan Carlos Martínez y Jorge de la Calle, y los entonces responsables de las empresas contratistas Juan Alberto Massholder, Miguel Joskowicz, Ramón Guzzo y Roberto Marcelo Moschini.

En su apelación ante la Cámara de Casación, Pleé sostuvo, al contrario de lo que dijo el tribunal, que de la investigación «se desprende con claridad la maniobra delictiva atribuida, el modo en que consistió, las funciones que ejercía cada uno de los sujetos en sus respectivas organizaciones, consistente en la promesa de recibir una suma dineraria en contraprestación con eludir formalidades legales de contratación pública mediante licitación, provocando un perjuicio patrimonial en el acervo estatal».

El fiscal también recordó que en este tipo de hechos «la experiencia demuestra que estos comportamientos se realizan en circunstancias ocultas y silenciosas, y que generan una gran complejidad reconstructiva».

En este sentido, el fiscal remarcó que se encontraba «justificado el plazo» de 14 años de investigación dada la «gravedad del delito». Todos los imputados fueron acusados por presunta «defraudación en perjuicio de la administración pública, cohecho activo y pasivo, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública».

Pleé también recordó en su dictamen que hay una gran cantidad de imputados «integrantes de tres organismos vinculados, IBM, ANSES y Managment & Work SA en connivencia, para lo cual se realizaron 36 indagatorias, más de 150 testimoniales, se practicaron dos peritajes contables y un peritaje informático», y, en este punto enfatizó «la dificultad en recabar la documentación de los diferentes organismos intervinientes».

El fiscal además recalcó la gran cantidad de recursos que habían presentado las defensas durante la pesquisa -45 apelaciones, 16 recursos de casación, 11 quejas ante ese Tribunal, y 5 planteos ante la Corte Suprema de Justicia- y que había retrasado el avance de la investigación, así como subrayó que ninguno de ellos había tenido éxito.

Por otro lado, el fiscal criticó la actuación de los integrantes del Tribunal Oral N° 3, al señalar que los magistrados habían estudiado la causa durante tres años antes de declararla prescripta.