Madrid - Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados de España resolvió limitar el principio de justicia universal que aplican los tribunales locales, luego de que el país debió afrontar varios conflictos diplomáticos. La legislación local permite hasta ahora que la Justicia intervenga en cualquier causa del mundo que involucre supuestos crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo, pero a partir de la nueva limitación, deberá restringirse a aquellos casos que involucren a ciudadanos españoles.
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La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial fue acordada por los partidos mayoritarios Socialista Obrero Español (PSOE, gobernante) y Popular (PP), y contó también con el apoyo de los nacionalistas moderados catalanes (CIU) y vascos (PNV). Se opusieron Izquierda Unida y otras formaciones de ese sector. En suma, la norma fue aprobada por 329 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones.
La iniciativa también mereció críticas de organizaciones de derechos humanos extranjeras, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Límites
Desde 2005, una ley permite a los jueces investigar sin límites los crímenes masivos en cualquier parte del mundo, cualquiera sea la nacionalidad de los responsables o víctimas. La jurisdicción internacional fue admitida en España desde que el juez Baltasar Garzón inició causas contra represores argentinos y chilenos en la segunda mitad de la década pasada.
Cuando el Senado confirme el proyecto, lo que se descarta, la Justicia española será sólo competente cuando existan víctimas españolas, conexiones «relevantes» con España o los responsables sospechosos se encuentren en el país.
Los tribunales españoles también deberán abstenerse de actuar si se abriere una causa en el país en que fue cometido el delito o en un tribunal internacional. De igual forma, deberán archivar un expediente si con posterioridad se inicia una investigación en el país de origen.
La Audiencia Nacional, principal instancia penal de España, abrió 13 causas en aplicación de ese principio, algunos de los cuales provocaron crispaciones diplomáticas, como aquellas sobre ex responsables militares israelíes por un bombardeo a Gaza en 2002, sobre torturas en la cárcel estadounidense de Guantánamo o la represión el año pasado en manifestaciones en Tíbet.
Además, los tribunales mantienen causas por presuntos genocidios en China, Guatemala y Ruanda, entre otros países.
Amnistía Internacional y otras como Human Rights Watch y Asociación Pro Derechos Humanos de España estimaron que «se ha dado un claro mensaje de que España se preocupa más por no ofender a algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales».
Críticos de la extraterritorialidad aplicada por los tribunales españoles señalan que al tiempo que el país emprendió procesos contra responsables de violar derechos humanos en el extranjero, el sistema político y judicial se abroqueló para no juzgar los crímenes del franquismo.
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