Cercado por la Justicia, huyó Puigdemont a Bélgica y tantea la posibilidad de pedir asilo

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Viajaron con él cinco consejeros (ministros regionales). Estiman que le va a ser difícil probar que sufre una persecución. Se afianza la intervención de Madrid.

Barcelona y Bruselas - El Gobierno español tomó ayer las riendas del poder en Cataluña sin hallar resistencia del destituido presidente independentista Carles Puigdemont, que viajó a Bruselas con el aparente deseo de pedir asilo tras haber recibido una querella por rebelión y sedición.

El de ayer fue el primer día laborable desde que el viernes el Parlamento de Cataluña declarara la independencia y el Gobierno de Mariano Rajoy lograra el aval del Senado para la intervención de la región, dos acciones sin precedente en la España democrática.

En un ambiente de gran incertidumbre, todos esperaban a ver si Puigdemont se resistiría a abandonar el cargo. Durante horas, decenas de periodistas aguardaron su llegada a la sede del Gobierno regional, pero este no apareció.

¿Dónde está Puigdemont? era la pregunta de todos. "Está en Bruselas", afirmó una fuente gubernamental española. El Periódico de Cataluña dijo que había ido con cinco consejeros (ministros) a pedir asilo. Estos son Meritxell Borràs, que ocupaba la cartera de Gobernación; Antoni Comín, de Salud; Joaquim Forn, de Interior; Dolors Bassa, de Trabajo; y Meritxell Serret, de Agricultura.

El abogado belga Paul Bekaert, experto en temas de asilo, que en el pasado defendió a presuntos miembros de la organización terrorista vasca ETA, confirmó que había estado en contacto con Puigdemont. "No se ha decidido nada en este plano", dijo a la cadena de televisión belga VRT.

El domingo, un ministro belga, un separatista flamenco, insinuó que el país podría ofrecer asilo al líder independentista catalán, aunque el primer ministro Charles Michel lo desmintió después.

Sin poder confirmar esta información, el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, afirmó que "a él le pesa mucho que si lo vinieran a detener y lo citan a declarar, pudiera haber protestas y hechos violentos".

El Tratado de la Unión Europea establece que "los Estados miembros constituyen recíprocamente países de origen seguros a todos los efectos jurídicos y prácticos en relación con asuntos de asilo". Esto significa que se asume que en ninguno de ellos hay riesgo de persecución que pueda motivar un pedido tal. Así, una solicitud solo podría ser tenida en cuenta bajo condiciones muy especiales, algo de muy improbable concreción dado el apoyo de todos los jefes de Gobierno del bloque a Rajoy, incluido el belga Charles Michel.

La noticia sobre el viaje de Puigdemont a Bruselas se conoció minutos después de que el fiscal general del Estado español anunciara una querella contra él y su Gobierno por varios delitos -entre ellos "rebelión" y "sedición"- penados con hasta 30 años de cárcel.

Se los acusa de provocar "una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución", dijo el fiscal general José Manuel Maza.

Los independentistas, que el viernes celebraron con júbilo el nacimiento de su república, parecían ayer cada vez más desanimados. Ayer solo uno de sus integrantes acudió a su despacho y en las dependencias oficiales ondeaban las banderas españolas. De la decisión de los líderes independentistas también dependen los 200.000 empleados públicos, ya bajo órdenes de Madrid.

En tanto, la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, acató la disolución de la Cámara decidida por Madrid.

El decreto aprobado el viernes pasado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy incluía, aparte del cese del Gabinete regional, la disolución del Parlamento autonómico y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.

Agencias AFP, DPA y EFE

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