CGT: doble puesta en escena por legalidad

A la espera de respuestas del Gobierno, las versiones oficialista y opositora de la CGT cerrarán el año con sendos actos destinados a aferrarse a la legalidad de sus respectivas centrales, que por separado proclaman. El 6 de diciembre, Hugo Moyano reunirá el Comité Central Confederal de su sector y el 12 Antonio Caló hará lo propio. Competirán en una formalidad, como es la normalización de ambos comités arbitrales, lo que en el fondo pone al descubierto una disputa legal que se encuentra en pleno ascenso.

Ayer, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral recibió la primera documentación relacionada con la causa en la que Moyano denunció al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por la validación oficial del Congreso de Obras Sanitarias que creó la nueva CGT con Caló al frente. El propio jefe de la cartera laboral le envió al magistrado la impugnación que Moyano hizo respecto de los jueces de la Cámara laboral que intervienen en un expediente paralelo, por considerarlos cercanos al Gobierno.

Son pasos indicativos de que las demandas tendrán circulación en Tribunales. El camionero denunció presuntas faltas en los papeles presentados por la CGT de Caló luego de la elección de autoridades del 3 de octubre pasado. En particular, según los denunciantes, no estaría acreditada la identidad de los delegados congresales que eligieron al metalúrgico.

Dos vías

Luego de la resolución de Trabajo que avaló la elección de Caló e impugnó la de Moyano, el sendero judicial arrancó por dos vías: por un lado, la denuncia del camionero contra el ministro en el fuero federal; por otro, las objeciones que presentaron los «gordos» de la CGT a los últimos pasos administrativos que dio el líder de los choferes antes de hacerse reelegir, que tramitan en el ámbito laboral.

Atentos a ambos expedientes, desde las dos centrales extremarán los cuidados en sus siguientes movimientos. En esa precaución se inscribe el llamado al Confederal que lanzaron desde la CGT oficialista, para el 12 de diciembre, y la decisión de ayer de Moyano de dar el mismo paso, pero anticiparlo para la semana que viene. Además, el camionero tendrá así su cierre del año luego de haber decidido dar de baja una marcha que tenía prevista al Congreso para presentar firmas en reclamo de la universalización de las asignaciones familiares.

El Comité Arbitral de la central obrera es un órgano que se encarga de dirimir las disputas por encuadramiento entre sindicatos. En los dos mandatos previos de Moyano, esa institución estaba a cargo de Oscar Mangone, jefe del gremio del personal del gas.

Tras la consagración de Caló y el reconocimiento de la cartera laboral, desde la CGT oficialista se abocaron a la tarea de construir un nuevo Comité Arbitral. En paralelo, Moyano buscará extender el mandato de Mangone.

Si bien el Gobierno se inclinó a favor de los aliados del metalúrgico, hubo parte de ese aval que llamó la atención: Tomada extendió una «certificación de autoridades» provisoria a Caló y a los otros miembros del consejo directivo. En la repartición estatal no dieron mayores explicaciones de por qué no fue otorgada la certificación definitiva. Cerca de Moyano, en cambio, dijeron que de ese modo los funcionarios habrían buscado quedar a salvo de eventuales señalamientos por las posibles falencias en el proceso administrativo que dio origen a la nueva CGT.

Mientras tanto, las cúpulas de ambas centrales coincidieron ayer al menos en llevar a cabo desagravios al asesinado metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, por las declaraciones del senador Aníbal Fernández en las que ligó a Moyano con ese dirigente y lo asoció con la traición al peronismo. Caló encabezó un acto en el cementerio de la Chacarita frente a la bóveda de Vandor. Mientras el camionero, por la tarde, lideró un acto con el mismo fin en la sede de la CGT.