Ciccone, sin descanso: el fiscal ahora va por nuevas citaciones

Amado Boudou participó durante el fin de semana de la ceremonia de asunción del nuevo presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, junto a Evo Morales, Rafael Correa y el vice venezolano, Jorge Arreaza.

El rol de los supuestos financistas es todavía, después de los llamados a indagatoria del pasado viernes, un terreno a dirimir en la causa Ciccone. El fiscal federal Jorge Di Lello buscará avanzar en los próximos días sobre origen de los fondos que habrían hecho posible la compra de la calcográfica. La definición podría terminar en la Cámara Federal ya que el juez Ariel Lijo y el fiscal tienen entendimientos diferentes sobre dichos actores.

Intrigas que se disparan a partir de la principal definición que arrojó el llamado a indagatoria de Amado Boudou: para el juez Lijo ya es evidente que el vicepresidente habría comprado la calcográfica Ciccone. Según escribió el magistrado, Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner -jefe de asesores de la AFIP-, en el trámite de un "plan de pagos ilegal en AFIP". Asimismo, explica la resolución, habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado nacional.

"Con la finalidad de que Ciccone Calcográfica sea contratada por el Estado nacional, Boudou habría interrumpido una licitación que tramitaba en Casa de Moneda, que permitía el autoabastecimiento de la producción de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central", expresó el juez.

Las distancias entre el fiscal y el juez comenzaron en diciembre pasado, cuando Di Lello le señaló a Lijo que entre las personas a las que sometería a declaración testimonial se encontraban algunas que, según su punto de vista, debían ser indagadas. La nota tenía como objetivo a la familia Ciccone, cuyos integrantes finalmente, el viernes fueron incluidos en el llamado a indagatoria.

Esta fue una buena noticia para los abogados que prestan servicios en la Secretaría de Legal y Técnica de Balcarce 50: si los Ciccone quedaban en el rol de víctimas obligadas a desprenderse de una compañía, el Estado debía prepararse para una denuncia multimillonaria y con un destino fácil de prever.

Hasta ahora, el juez y el fiscal recorrieron caminos paralelos. El primero se concentró en el entorno del vicepresidente y el segundo en los posibles satélites que serían rutilantes en el caso desde los aspectos financieros. División favorecida por ciertos apuntes que dejó el primer fiscal de la causa, Carlos Rívolo quien tuvo una performance más discreta que la del juez Daniel Rafecas que intercambiaba mensajes de texto con uno de los abogados defensores. Ahora esos dos caminos serán uno solo ya que luego de adjudicar la calcográfica a un comprador, el siguiente paso es averiguar con qué fondos se realizó esa operación multimillonaria.

El llamado a indagatoria apareció en sintonía perfecta con la difusión de la imagen en la cual aparece el juez Lijo (que cultiva la fe evangelista) junto al papa Bergoglio en Roma. También estaba el legislador Gustavo Vera.

Por esas horas circulaba el dato de que podría ser apartado por la Cámara Federal (luego el camarista Eduardo Freiler aseguró a algunos conocidos que el riesgo mayor era la revocatoria de ciertas declaraciones testimoniales que se tomaron sin la presencia de abogados defensores).

Para tener en cuenta: en 2013, en pleno pico de tensión entre la Corte Suprema y el Gobierno por la reforma judicial, Ricardo Lorenzetti difundió una nota en la cual el Sumo Pontífice aseguraba tenerlo en sus plegarias. En esos momentos el justice protagonizaba además cruces álgidos con el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Táctica que se replicó el viernes y que confirmó el rol del Papa como una suerte de reaseguro ante las definiciones más explosivas para el poder político y que animan la vida judicial.