9 de abril 2018 - 00:10

Cierre del INDER: un proceso que resume la crisis del Estado argentino

Ricardo Gil Lavedra
Ricardo Gil Lavedra
Los analistas de la economía argentina están de acuerdo con que existe un gran potencial de desarrollo en la industria del seguro, pero que pocos sectores se encuentran tan atravesados por intereses creados, el lobby de las compañías aseguradoras con posición dominante en el mercado algunas de propiedad de los grandes bancos- y los grupos de amigos políticos que colonizan el órgano regulador soslayando la profesionalización de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

El Gobierno informó el definitivo cierre del Instituto Nacional de Reaseguros (INDER), proceso iniciado con la sanción del decreto N° 171 de enero de 1992. La reforma del Estado de los 90 se propuso la apertura del negocio del reaseguro, la liquidación del INDER que monopolizaba el negocio desde 1952 y la apertura total del mercado. La liquidación a cargo de Roberto Guzmán, hombre del equipo de Domingo Cavallo, intentó ordenar y transparentar uno de los negocios más opacos del país.

En efecto, si se analiza la realidad del sector de los últimos 25 años, se observa que el proceso de reforma debió lidiar primero con las dificultades en la verificación de las acreencias del sector privado, y luego con fuertes tensiones al disponer el cierre de empresas aseguradoras por insuficiencias económico-financieras basados en errores de cálculo de los pasivos contingentes en sus balances evitando constituir las reservas de ley. Al final se aplicaba la solución criolla: transferir cuantiosas pérdidas del sector privado al erario público.

En 2011 bajo la gestión del actual intendente de Areco Francisco de Durañona (h) se pretendió un regreso al INDER, y aunque la iniciativa no prosperó se infringió un fuerte daño a las aseguradoras obligándolas a deshacer posiciones financieras y repatriar capitales del exterior para cerrar el cerco de la fuga de divisas consecuencia del modelo dispuesto en el tercer mandato K. Nada se dijo entonces sobre el origen de varios fondos invertidos en paraísos fiscales: la hermana del superintendente, Ana Durañona estaba a cargo del control de del lavado de dinero. Tamaño desaguisado técnico provocó el regreso de los galimatías en las inspecciones anuales del órgano regulador, práctica profundizada por su sucesor Juan Buontempo, sobre las infinitas compañías nacionales, que multiplican por diez el mercado inglés líder internacional en la materia.

La Caja de Ahorro y Seguros en manos de capitales italianos- previo paso por el grupo Werthein-, pasó a manos privadas manteniendo cautivos hasta el presente un número importante de seguros obligatorios de organismos públicos; su privatización tampoco estuvo exenta de escándalos como el denunciado en 2009 por Manuel Garrido entonces Fiscal de Instigaciones Administrativas en el que funcionarios del Ministerio de Economía autorizaron el pago en efectivo de casi cincuenta y cuatro millones de dólares por un pasivo contingente de más de veinte años de antigüedad y no acreditado judicialmente. Mientras tanto, los miembros de La Cámpora tomaban posiciones en el órgano de control, muchos de los cuales continúan y aún las han mejorado por amistad con el supertintendente Juan Pazo. Sólo perdió su lugar la madre de Alberto Fernández que aún estaba a sus ochenta años en el organismo al llegar el nuevo Gobierno.

Así también, la mutual SANCOR Seguros, empresa líder del mercado, continúa operando bajo la forma jurídica, aunque su operatoria dista de pertenecer a tal naturaleza con los inherentes beneficios fiscales, para cuya defensa cuenta con los oficios del abogado radical Ricardo Gil Lavedra.

Con la llegada de Cambiemos al Gobierno se flexibilizó en forma gradual como corresponde al modelo- el régimen vigente, se dictó la resolución N° 40.163 sobre incremento de capitales mínimos y comenzó un lento ordenamiento del mercado. Sin las consecuencias de la gestión Durañona, se obligó a las compañías a deshacerse de las Lebac. Así también se nombró al frente de la liquidación del INDER al camporista Leandro Chillier, quien renunció a Nación Seguros previo pago de un importante retiro voluntario, y fue designado por su amigo Bernardo Saravia (en la actualidad reviste como auditor de la Procuración del Tesoro) en una curiosa interpretación del régimen de retiros estatales y de la ley de ética pública. Finalmente se designó en julio de 2017 a Félix Biet quien firmó la partida de defunción del viejo organismo.

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