El lunes por la tarde, Ricardo Lorenzetti se reunió con el secretario de Justicia, Julián Álvarez, en un encuentro reservado. Allí se deslindaron los primeros detalles sobre el camino que deberá transitar la promocionada reforma del Código Procesal Penal que motivó anoche un discurso en cadena nacional de Cristina de Kirchner.
Como suele suceder, el intercambio tuvo momentos de tensión cuando Lorenzetti le manifestó al viceministro que el proyecto encuentra sus principales falencias en el estado actual de la Procuración General. También le compartió una serie de objeciones puntuales que jueces federales habrían transmitido a la Corte.
Álvarez había llegado al encuentro en el cuarto piso de la calle Talcahuano con buenas expectativas ya que la jurisprudencia de la Corte en los últimos años se ha manifestado a favor del sistema acusatorio (puntualmente el fallo "Casal").
Pero para el Gobierno no son nuevas las objeciones del máximo tribunal para con la Procuración: el año pasado los ministros emitieron un fallo contundente contra las designaciones de fiscales sin acuerdo del Senado, un rasgo distintivo de la administración de Gils Carbó.
La conversación entre el presidente de la Corte y el viceministro tuvo su correlato en la percepción legislativa del proyecto. En los últimos días la oposición, que al principio tenía buenas referencias sobre la reforma, ha comenzado a manifestar ciertas incomodidades respecto de que el ministerio público fiscal obtenga el control sobre las investigaciones.
Hace dos años el jefe del gremio de magistrados Luis María Cabral fue al Congreso con las firmas de 200 jueces que avalaban el sistema acusatorio. Algunos nombres de los firmantes son reveladores: en esa ocasión acompañaron Ariel Lijo, Julián Ercolini, Daniel Rafecas y los camaristas Eduardo Freiller, Jorge Ballestero y Eduardo Farah sólo por citar algunos ejemplos del fuero más sensible para el poder político.
La ampliación del cuerpo de peritos de la Corte, con la incorporación de diez funcionarios dedicados a casos de corrupción y lavado de activos, fue la respuesta que ayer el máximo tribunal le dio a la reforma que busca el Gobierno. El comienzo de una nueva pelea que podría adquirir una densidad similar a la polémica por la reforma judicial de 2013. El final podría ser parecido.
| Milton Merlo |
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