Claves y señales (para entender)

• Los políticos, víctimas de sus propias posiciones en búmeran fatal. • Servicios públicos esenciales, pelea de Macri-Tomada, pero también divide al gabinete. • El colmo argentino: gremios deciden cómo se hace huelga y el usuario mira y sufre. • Ceder jurisdicción en bonos enfrentó también a Lavagna con kirchneristas. • El colonialismo judicial de Griesa, pero también de Garzón. • ¿Cuánta globalidad podemos soportar? • Y lo más importante, que aumentó el precio del gas en pozo, otro triunfo del «Mago».

Néstor Kirchner. Héctor Recalde. Mauricio Macri

Entre los padecimientos de los políticos, que ya son muchos, el más hiriente es que suelen ser víctimas del búmeran de sus propios posicionamientos. Como además suelen dar la vida porque sus puestos sean vitalicios, siempre terminan siendo el blanco de lo que dijeron antes, creyendo que las facturas las pagarían otros en el futuro. Este intríngulis (una auténtica contradicción ontológica: perpetuación vs. sustitución por otros) sintetiza el drama de ese oficio del que Néstor Kirchner decía que era fácil entrar, pero muy difícil salir. El ejemplo lo dio esta la semana el proyecto de Mauricio Macri de declarar el transporte en su distrito como servicio público esencial, una manera que han encontrado muchos países para proteger los derechos de los usuarios y prevenirlos de las atrocidades del activismo sindical sin control. En los países desarrollados esos servicios son aquellos que justifican la existencia misma del Estado -educación, salud, seguridad, transporte, agua, gas, etc.-; ese estatus impide las huelgas por sorpresa, los paros por tiempo indeterminado, y los sindicalistas deben asegurar la prestación de servicios mínimos.

Desde 2003, en sordina porque lo impedía la asociación del peronismo con la CGT, varias generaciones de funcionarios acercaron al Congreso iniciativas -con la venia de Olivos- para legalizar la declaración de servicios públicos esenciales, en particular sobre el transporte aéreo, actividad que ha sido un calvario para los usuarios que han visto violados sus derechos por el frenesí de los huelguistas, que paran sin avisar. La última huelga de Iberia en España, por ejemplo, fue noticia no tanto por la suspensión de los servicios, sino por la negociación en los meses previos entre el sindicato y la administración, sobre cuál debía ser el diagrama que asegurase las prestaciones mínimas. En la Argentina todos los proyectos que el oficialismo acercó al Congreso naufragaron en el despacho de Héctor Recalde, abogado de sindicalistas, padrón que puede entregar todo, hasta la última ley de ART, pero jamás el control de la declaración de las actividades como servicio público esencial. Ese tema es resuelto desde el Derecho laboral, pero no desde normas de Derecho administrativo o desde una ley de servicios públicos que debería ser el plexo para resolverlo. De hecho, es una cuestión que está en manos del sindicalismo, entrenado para reaccionar en contra apenas alguien proponga la discusión.

Ocurrió con el proyecto Macri y la respuesta de Carlos Tomada, que ha sido también abogado de sindicatos, que se plegó a las quejas de los sindicalistas del subte de que lo que el jefe porteño busca es recortar el derecho de huelga, que sí está amparado constitucionalmente y por la ley de contrato de trabajo. Nadie lo admitirá, pero la posición de Tomada generó disidencias sordas en el gabinete, especialmente entre quienes han fracasado hasta ahora en quebrar el frente gremial en el Congreso para resguardarle al sindicalismo el manejo de lo que es un servicio público esencial. Cuando se anunció el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, el Gobierno informó que seguiría otro debate para proponer reformas en el Derecho administrativo para darle más poder al Estado en estas cuestiones, en las que está atado de manos por su asociación política con el sindicalismo. Hoy esto debería resolverse con la aplicación del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, en donde el Estado es tratado como un particular más. La sucesión de actualizaciones que ha tenido esa norma ha debilitado más la protección del interés público, que no tiene muchos defensores en una Argentina que ha privatizado de hecho hasta la actividad de las reparticiones públicas, que son manejadas según intereses de parte. Si al Gobierno le queda fuerza después de las elecciones de 2013, seguramente intentará avanzar en esas reformas del Derecho administrativo, cuyas facultades además tienen hoy las provincias, que es lo que respalda la intención de Macri de declarar al transporte como servicio público esencial.

La desprotección del Estado, aun en un Gobierno que alardea de haber promovido una reivindicación de sus fueros, es la causa directa de la fragilidad de los más vulnerables -pobres, jubilados, excluidos, opositores al sistema-, cuyo amparo justifica la existencia misma del Estado. El debate sobre los servicios públicos esenciales y el cisma que ha producido en funcionarios que no se han sentido representados por las críticas de Tomada a Macri replican otros conflictos que se desanudaron durante la semana, como los fallos de la Justicia de Manhattan sobre el reclamo de los bonistas irredentos. Los funcionarios buscaron a los culpables de haber cedido la jurisdicción de los bonos del primer canje a la Justicia de Nueva York, pero es otro ejemplo de la insinceridad de la política criolla. Cuando estaban por emitirse los nuevos bonos, el debate sobre si había que ceder jurisdicción enfrentó a sectores del Gobierno de Néstor Kirchner. Roberto Lavagna sostenía, como al final se decidió con la venia presidencial, que si no se cedía jurisdicción, no habría aceptación de canje que se hacía, además, sobre bonos viejos en los que ya estaba cedida la jurisdicción. Del otro lado estaba el fallecido Héctor Masnatta, asesor presidencial sin cargo que opinaba, hasta su muerte en 2007, sobre todos los temas jurídicos delicados del Gobierno -cuando murió representaba al Estado en la empresa Repsol YPF-; perdió esa pelea ante Lavagna porque se cedió la jurisdicción en esos bonos cuyo pago quedó ahora en manos de Thomas Griesa.

Masnatta había dedicado buena parte de su carrera como constitucionalista a defender los derechos de la Justicia argentina en conflictos internacionales. Fue miembro de la Corte Suprema de Justicia entre 1973 y 1976, y el ponente del llamado caso Sargo, que resolvió lo que los abogados llaman el «exequatur», o sea, el último tramo del cumplimiento de un fallo. En aquel caso, que consistía en una demanda de YPF contra la empresa Sargo, la Corte negó en 1973 la posibilidad de que el Estado se someta a tribunales arbitrales sin el resguardo de un recurso ante el mismo tribunal. Para cobrar, un acreedor externo debe hacer pasar el fallo de un tribunal extranjero, o de un fallo arbitral del tipo CIADI, por los tribunales argentinos. De aquellos polvos, estos lodos. Porque seguramente quienes cedieron jurisdicción en la década pasada no creyeron que eso revertiría en contra de nuevos posicionamientos. Algo en lo que se aprietan los dedos quienes defendieron, en los últimos años, la vigencia de la globalización judicial que implicó la aplicación de tratados internacionales y de leyes de algunos países, como España. El juez Baltasar Garzón, que estuvo a punto de llevar a juicio a Augusto Pinochet, fue acusado de ejercer lo mismo de lo que se queja ahora el Gobierno en el caso Griesa: colonialismo judicial. Es lo que le reprochan en España a la jueza argentina María Servini de Cubría los críticos de su investigación sobre crímenes cometidos en la dictadura de Francisco Franco -el intento de hacerlo le costó el cargo a Garzón, que esta semana estuvo en la Argentina agitando su colonialismo judicial en el caso Blaquier-. No lo exhibieron mucho, pese a que Garzón es asesor de los bloques peronistas del Congreso, porque mostrarlo hubiera acentuado la contradicción e impulsado nuevos bumeranes. Les cabe a muchos la pregunta que se hace el filósofo alemán Rudiger Safranski en un lúcido ensayo: ¿Cuánta globalización podemos soportar?

El Gobierno tratará, como todos los políticos, de salir del laberinto por arriba (Marechal, poeta peronista). Avanzará desde hoy en instalar en Lima, Perú, donde se reúne con mandatarios de la liga Unasur, una versión renovada de la llamada Doctrina Drago, que proclamó en 1902 Luis María Drago, canciller entonces de Julio Argentino Roca, para rechazar la amenaza de intervención militar de Gran Bretaña, Italia y Alemania con un bloqueo sobre Venezuela para cobrarse una deuda financiera. La Doctrina tenía un blanco, Estados Unidos, que había dicho que no intervendría en resguardo de un país americano, a lo que lo obligaba su Doctrina Monroe. La versión que usará la Argentina en los foros la actualizarán los prosistas oficiales para señalar a amigos y adversarios en esta pelea en la que el país logró una pausa hasta febrero del año que viene.

Para protegerse de los posicionamientos búmeran, los políticos buscan salirse del problema pasando a la clandestinidad, es decir, no hablando de eso. La noticia más importante -una primicia de este diario- para el mundo de los negocios es la modificación del valor del gas en boca de pozo que se triplicará para los nuevos emprendimientos. Es el final de la capitulación de la matriz energética que acuñó el ciclo Kirchner en 2003. Pagar menos el gas en el país para no presionar sobre los precios e importarlo más caro, pero con subsidio era uno de los ejes de la política energética. Nunca se conocerán -porque de eso no se habla, para evitar los bumeranes- los términos del debate interno que se libró dentro del Gobierno para que esto se lograse. Se sabe que el promotor principal fue Miguel Galuccio, CEO de YPF, quien dedicó varios meses a explicar a funcionarios del Poder Ejecutivo que era la clave para mejorar la rentabilidad de la empresa. Con la nafta, les diría, YPF gana plata, y buena plata, pero con el gas, no. Defendió la triplicación de ese valor hasta convencer a la mesa chica del Gobierno, que sigue escuchándolo como «el mago» hasta ahora sin contradecirlo en nada importante. Tienen que festejar Galuccio y la economía esta decisión, que es parte de un plan que debe empujar en terreno espinoso. Desde los ventanales del piso 33° de la torre de YPF en Puerto Madero, la realidad parece verse con más crudeza que desde otros despachos oficiales. Por ejemplo, cuando reflexiona sobre cómo el poder sindical ha ganado terreno en la actividad. Hace quince años, suele recordar, quien manejaba la cañería y decía si se cortaba o se abría, era un gerente de la empresa. Hasta su llegada era un sindicalista. Se alegra cuando negocia con veteranos de la cúpula gremial como «Cono» Cassia o Guillermo Pereyra, a quienes ve como hombres que, por edad y trayectoria, están lejos de sacarse la camiseta y defienden la empresa como propia, pero que pueden ser superados por sus bases.

Eso lo mueve a gestos que debe explicarle al Gobierno, como cuando se produjo el copamiento del yacimiento de Cerro Dragón de la Panamerican Energy por los llamados Dragones -disidentes desaforados de la UOCRA- y les ofreció a los empresarios de esa firma la colaboración logística para superar el conflicto. Se lo observaron algunos funcionarios que se enteraron de que había sido objeto de una reunión con uno de los hermanos Bulgheroni. Explicó que era lógica esa solidaridad de la industria porque YPF podía, en algún momento, estar ante el mismo problema y necesitaría una ayuda de otras empresas. Ganó varias casillas «el mago» ante la industria, de la que necesita para mostrar resultados efectivos de su programa. Le cuesta, piensa mientras mira a la costa Colonia desde el piso 33°, que los que menos ayudan son quienes creen que en 5 años esto va a ser Dubái y no mueven un dedo.