Colapso en salud tucumana por 75 días de paro médico

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Tucumán - El Gobierno provincial apura una solución contra reloj al conflicto salarial que desde hace dos meses y medio mantiene paralizado al sector de la salud tucumano con paros y marchas todos los miércoles, y cirugías y consultorios externos suspendidos. Pese a que el gobernador José Alperovich asegura que no puede responder al reclamo, el ministro de Salud, Pablo Yedlin, le dijo a este diario: «Nos estamos acercando a lograr una resolución del conflicto» con los profesionales y empleados del sector sanitario. Sin embargo, confirmó que el Ejecutivo provincial ni se asoma a la posibilidad de alcanzar a cubrir la demanda salarial tal como lo requieren los médicos y personal de la salud autoconvocados. Al contrario, la expectativa que lo conduce hacia un inminente desenlace se basa en su percepción del desgaste de la gran convocatoria que tuvo durante las primeras semanas la medida y el cambio de actitud de una porción de los profesionales y trabajadores que, desde un inicio, adhirió a la protesta.

De acuerdo con el funcionario, los médicos y empleados de la salud solicitaron un incremento del 200% en sus haberes, y la propuesta que hasta el momento hizo el gobernador fue de un aumento de apenas un 10%, más la titularización de los profesionales que tengan más de diez años de antigüedad en su trabajo. «Piden triplicar su sueldo inicial, que actualmente asciende a $ 2.200 por treinta horas semanales», completó el ministro.

Periodista: ¿Hay una aceptación de los médicos en conflicto a la propuesta oficial?

Pablo Yedlin:
Creo que con la gran cantidad de instancias de diálogo que hemos propiciado desde la administración tucumana, en varios casos de la mano del Obispo Luis Villalba, hemos podido generar la confianza que hacía falta y, de a poco, se está entendiendo que hoy por hoy la provincia no está en condiciones de otorgar el incremento que se está pidiendo.

P.: ¿Por qué cree que no han logrado un acuerdo todavía con los médicos?

P.Y.:
La dilación del conflicto responde al desconocimiento que tienen los profesionales y trabajadores que están protestando de la situación financiera actual de la provincia y, sobre todo, a la falta de experiencia gremial. No están agrupados en ningún sindicato y creo que eso no es un detalle menor: no han advertido la poca viabilidad que tiene hacer un pedido de aumento de esa envergadura de un día para el otro. Además, como no son gremios, no hay posibilidad de llevar adelante una conciliación obligatoria. No son paros legales y de hecho la Justicia tucumana ya ha intervenido a pedido del Gobierno en algunos casos puntuales, como por ejemplo, pacientes que aguardaban una cirugía especial y no la podían posponer más.

P.: ¿Pero los paros no los realizan sólo los días miércoles? P.Y.: Sí, los paros de actividades se vienen realizando todos los miércoles desde hace dos meses y medio en todos los hospitales, aunque se mantienen las guardias médicas. Pero las cirugías programadas y los consultorios externos están suspendidos desde el inicio del conflicto. Los números del hospital Padilla ilustran claramente la situación, que habitualmente realiza 400 cirugías mensuales y en setiembre sólo se llevaron a cabo sesenta. Desde el Gobierno no discutimos el pedido, de hecho creemos que es una demanda totalmente razonable, pero no estamos de acuerdo con la manera que eligieron para hacer oír el reclamo porque afecta a los tucumanos que menos recursos tienen.

P.: ¿Cuándo fue el último aumento que recibieron los profesionales y empleados del sector sanitario?

P.Y.: La política salarial y gremial del gobernador Alperovich replica a la del Gobierno de Cristina de Kirchner. Por eso, en junio incrementamos los haberes de todos los trabajadores estatales -entre esos se incluyó a los médicos- en un 15%, tal como se dispuso a nivel nacional. Asimismo, quisiera agregar que el presupuesto para la Salud ha crecido de la mano del gobernador: en 2004, se destinaban al sector unos $ 150 millones por año y actualmente esperamos cerrar 2009 con más de $ 700 millones ejecutados, de los cuales $ 400 millones se destinan a salarios.

Sabrina Pont

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