Comenzó juicio oral a Bento que tendrá su réplica en jury del Consejo de la Magistratura

Inicio con extensa lectura del requerimiento de elevación. Promesa del juez de declarar inocencia y responder preguntas de la fiscalía. Acusadores insisten en riesgo de que el magistrado siga en libertad. Tribunal de Enjuiciamiento político todavía no activó fecha certera. Atención del mundo judicial.

Walter Bento

Con la habitual lectura de cargos, ayer comenzó el juicio oral contra el suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento, cuyo desarrollo tiene una réplica en el epicentro del Consejo de la Magistratura que deberá comenzar a tratar su eventual destitución, casi en paralelo. Al desarrollo del debate oral se le deberá agregar un despliegue externo donde las partes buscarán ganar la “guerra de sensaciones” que rodea al caso. Por un lado, los acusadores sostienen estar frente a un cúmulo inédito de pruebas de actividad delictiva de amplio espectro; por el otro, la defensa desliza el montaje de un expediente donde se manipularon declaraciones de “arrepentidos” con condenas encima, en el submundo del hampa. En el medio, intentar dilucidar hechos y pruebas, pero con la mira en que para un jury de enjuiciamiento no se precisa de la confirmación de delitos graves, sino simplemente que las acciones de Bento constituyan un mal desempeño de sus funciones. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza comenzó a desandar ese camino, ayer en la primera audiencia donde se acusó al magistrado de ser el líder de una asociación ilícita que requería dinero a cambio de favores en las causas que instruía. Bento llegó pasadas las 8 a los tribunales mendocinos. El único motivo por el que no arribó esposado desde un penal es porque todavía tiene la condición de juez.

El juicio tiene 33 imputados en total y algunos sí están detenidos, pero la figura central es el magistrado que hasta que fue suspendido estaba camino a la organización de las elecciones como cabeza judicial de su provincia. En el mismo juicio está involucrada su familia, la esposa y sus dos hijos, acusados también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio. La lectura del requerimiento de elevación a juicio estuvo del lado de la fiscal María Gloria André; el fiscal general Dante Vega; y los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco y Laura Roteta. Las audiencias –con una previsión de tres semanales- fue presidida por el Tribunal compuesto por las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra. El resumen de dos años de instrucción culminará se extenderá para dar lugar a la oportunidad de las indagatorias de todos los implicados y recién entonces inaugurar con los testigos, ya en septiembre. Por su magnitud, puede tener dos años por delante.

En declaraciones previas a la prensa, la defensa de Bento anticipó una estrategia: el juez va a declarar y a responder preguntas de las partes, incluidos los acusadores, para defender su inocencia. La lectura de 120 carillas insumió toda la jornada de ayer. El requerimiento tiene más de 600. A la salida, fue el fiscal Vega el que redobló la réplica: a su criterio, existe “riesgo de fuga” o de “entorpecimiento de la investigación” mientras Bento siga libre. Le adjudicó el liderazgo de la “banda”. Si se genera ese cruce va a ser el primero porque según los fiscales Bento se negó siempre a responder su interrogatorio.

Lectura

Para la fiscalía, se acreditó “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento”. Colocando al juez a la cabeza de la organización delictiva, se describió como organizadores de la asociación ilícita a Diego Aliaga (quien ya falleció) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba, y como miembros a los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso. El mecanismo que describió la acusación tenía una faceta judicial que comenzaba luego de la imputación o detención de alguna persona a cargo del juzgado que le permitía luego obtener alguna morigeración o la libertad, inclusive, a cambio de un soborno. El beneficio podía trasladarse a su desvinculación parcial o total del expediente. El pago consistía mayormente en dólares o en la entrega de inmuebles o autos, como condición para mejorar sus situaciones judiciales. Por esto es que intervienen investigadores relacionados al enriquecimiento ilícito del magistrado tanto como por el posible lavado de dinero.

Falta de mérito, sobreseimiento o un cambio en la calificación eran las herramientas que se habrían utilizado para llevar adelante la mejora procesal a los beneficiados luego del pago de los sobornos. Esto dotaba de legalidad las decisiones que se adoptaban y por esto está acusado el propio juez. De acuerdo al relato de la acusación, los organizadores y los miembros de la asociación tomaban contacto con los familiares del imputado; otras veces, el detenido habría pactado con los organizadores el pago. La exigencia de entrega de activos a veces se ejercía directamente sobre los privados de libertad a quienes se los hacía escoger entre permanecer detenidos o recuperar la libertad. Organizadores y miembros invocaban el nombre de Bento o directamente decían representarlo en esas negociaciones. Los fiscales hicieron hincapié en que ningún otro juez de ninguna otra instancia era mencionado. Solo Bento.

La génesis del caso Bento se dio en el marco de otra investigación que tenía a cargo la fiscalía federal N° 2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz en la que se detectó que un narco mantenía diálogos sospechosos con un abogado en los que se denotaba que obtendría un beneficio irregular de parte del juzgado de Bento para quedar en libertad. Asociación ilícita, cohecho activo, abuso de autoridad, son el denominador común de los delitos imputados a la organización, mientras que en el caso del juez le agregan prevaricato, omisión y retardo de justicia, lavado de activos, falsedad ideológica, cohecho pasivo, desobediencia a una orden judicial, ocultamiento de pruebas.

El 31 de mayo, el Consejo de la Magistratura dispuso su suspensión por unanimidad. El jury tiene un plazo máximo de seis meses para expedirse. Su decisión llegará en pleno desarrollo de un juicio que se prevé muy extenso.