Complica Despouy a la UCR con informe sobre tragedia en Once

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Se le complicó el clima al radicalismo para decidir el recambio de Leandro Despouy en la presidencia de la Auditoría General de la Nación. Tras el desastre ferroviario en la estación Once, el jefe de los auditores apareció ayer como el único referente frente al Gobierno que aportó información precisa y confirmada sobre las deficiencias en el mantenimiento del servicio y la múltiples violaciones a las condiciones de la concesión, en especial en la empresa TBA.

El auditor tiene ahora la mejor oportunidad para revertir lo que ya parecía una irremontable remoción de su cargo basada casi con exclusividad en la pretensión de Mario Barletta de cambiar el estilo de conducción de la AGN, reservada por la Constitución nacional a la primera fuerza de la oposición. De hecho, sigue en pie la convocatoria a una reunión del Comité Nacional el 21 de marzo para decidir quién será el sucesor de Despouy.

Pero tras la performance de ayer del auditor, que no sólo explicó los alcances de la auditoría sobre TBA de 2008, sino que también adelantó, como explicó ya este diario, la existencia de un nuevo informe sobre la empresa que se conocerá la próxima semana, todo parece cambiar.

Despouy se subió a la tragedia de los trenes con todos los fudamentos que le dio el haber sido la AGN el único organismo que no sólo alertó sobre esas deficiencias, sino también sobre la falta de información y se quejó por la pobre actuación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Ayer se convirtió en referente de la oposición, seguido hasta por la CGT y otros partidos de aquélla. El socialismo de Hermes Binner lo reivindica y por supuesto, su aliada de años, Elisa Carrió.

«Realizamos un informe en 2008 sobre deficiencias del ferrocarril Sarmiento. La situación era desastrosa y pésimo el sistema de frenos», dijo ayer Despouy. «Desde entonces no ha cambiado demasiado. La autoridad del Estado no ha actuado ni aplicado sanciones graves. Trenes de Buenos Aires ya ha protagonizado varios incidentes».

Despouy fue mucho más allá: «Las causales de rescisión están dadas. Ya en la auditoría de 2008 los niveles de incumplimiento eran muy elevados. El Estado podría haber rescindido la concesión sin incumplir el contrato», dijo.

«Hay una suerte de cultura de incumplimiento. Se incentiva una política de desinversión de la empresa. El nivel de incumplimiento encuadra para que se rescinda el contrato con TBA. Pero eso es decisión del Poder Ejecutivo», explicó el auditor.

La conducción de la UCR quedó, una vez más, descolocada, quizá no por la decisión de plantear una renovación en la conducción de la AGN, pero sí claramente por la oportunidad. Despouy, de hecho, no es el único auditor que tiene el radicalismo en la AGN, pero en su rol de presidente logró imponer criterios a veces en peleas casi eternas con los auditores que representan al peronismo dentro del organismo.

La primera consecuencia fue que Barletta, como presidente del Comité Nacional, convocara para el martes a una reunión en la sede partidaria, «a fin de determinar la responsabilidad del Gobierno y de las empresas en el episodio de referencia». Para hacerlo convocó a las 14 a los jefes de los bloques y los integrantes de las comisiones de Transporte y a los miembros de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.

A ese elenco incorporó a Despouy como presidente de la AGN y a los auditores radicales Horacio Pernasetti y Alejandro Nievas. Se suponía que la próxima vez que Despouy visitara el Comité Nacional sería para presentar su informe final y despedida del cargo, algo que ayer, por la fuerza del accidente de Once, quedó en veremos.

Al mismo tiempo, el jujeño Gerardo Morales también desembarcó de lleno en la causa. Ayer se presentó en los tribunales de Comodoro Py para reclamarle al fiscal Federico Delgado: «El juez ya tendría que haber dispuesto el allanamiento tanto de la Secretaría de Transporte de la Nación como de la CNRT, para que no desaparezca prueba que pueda determinar la responsabilidad del Estado en el accidente».

Más tarde se presentó en la CNRT, donde «pidió ver las actuaciones sobre el cumplimiento del Plan de Mantenimiento que debería cumplir la empresa TBA según la Resolución 1.770/2008 de la Secretaría de Transporte».

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