Con alerta por 19 y 20, Gobierno pone en guardia el dispositivo K

Sergio Berni, Gerardo Martínez

Con una alerta silenciosa cronometrada para los últimos días de esta semana, en concreto el 19 y el 20, por la coincidencia con los episodios de 2001 que precipitaron la caída de Fernando de la Rúa, el Gobierno decidió activar un comando de seguridad para hacer un monitoreo del clima social e intentos de desestabilización y, en paralelo, refozar el dispositivo político sobre el que se sostiene el Gobierno de Cristina de Kirchner que se instaló, la semana pasada, en Santa Cruz.

Al mando del Gobierno, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, programó para esta semana un nuevo encuentro con dirigentes sindicales de la CGT Balcarse, entre ellos, Antonio Caló, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, además de la cúpula de la CTA que encabeza Hugo Yasky. A la mesa, según se anticipó, Capitanich también quiere sentar a los principales referentes empresarios. A poco de asumir el cargo los recibió pero a cada uno por separado. Ahora, en medio de los rumores, volvió a convocarlos.

El trasfondo es como en las citas anteriores, analizar el fin de año y las proyecciones para el que viene, pero subyace otra cuestión: mostrar al Gobierno "atento y ocupado", según la definición de un funcionario K, en medio de las adveretencias -sostenidas, dicen en Casa Rosada, en informe reservados- sobre posibles episodios al cumplirse 12 años del estallido de diciembre de 2001.

Capitanich mecanizó en medio de los conflictos policiales el diálogo con el secretario de Seguridad Sergio Berni, luego incorporó a María Cecilia Rodríguez -que asumió como ministra del área- y con los gobernadores. para, a través de ellos, establecer un alerta temprano para reaccionar ante eventuales riesgos.

En Casa Rosada, aunque en paralelo se intentan acuerdos de precios y otras cuestiones de agenda, todo parece centralizado en un punto: el eco de los levantamientos policiales con su efecto sobre la seguridad, las zonas liberadas para saqueos y, en el futuro cercanísimo, los supuestos movimientos para instigar a que se produzcan hechos de vandalismos en comercios.

Capitanich, el vocero casi único del Gobierno en estos tiempos, no dirá una palabra, pero en Casa Rosada, se apunta a una figura: Hugo Moyano. En particular, a partir de la conducta de su hijo, Pablo Moyano, adjunto del gremio de Camioneros, a quien se sindica como promotor de convocatorias y reacciones para "incomodar" al Gobierno.

Así como en otros tiempos, el kirchnerismo imputó cada episodio a Eduardo Duhalde, esta vez pareció encontrar como blanco móvil de sus imputaciones al clan Moyano que tiene, además, a uno de sus integrantes, Facundo -diputado electo por el kirchnerismo en 2011- como operador cercano a Sergio Massa.

La conjunción de esos datos alimenta, al menos en el imaginario de los ultra-K, la teoría de la conspiración.

En otros ámbitos, en cambio, analizan el proceso de otro modo. Marín Ferré, ministro de Desarrollo Social bonaerense, atribuyó los "intentos de saqueos" a la conducta de grupos marginales sin pertenencia política ni cobertura de ningún sector.

En la misma línea, el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, prefirió enfocarse en la "eficiencia" de la Policía y la Justicia para actuar ante episodios de esa naturaleza. En La Plata cuentan que la semana pasada hubo más de 60 operativos que derivaron en la detención de casi 200 personas.

En paralelo, la jefa de los fiscales bonaerenses, María del Carmen Falbo, les ordenó a las fiscalías distritales que establezcan comités de crisis para actuar rápidamente en caso de que se produzcan hechos vandálicos como saqueos a comercios.