Cuando el juez Thomas Griesa conoció las declaraciones del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la presidente Cristina de Kirchner acerca de que el Gobierno no iba a pagar a los fondos buitre, exigió una declaración jurada por la que le garantizaran que se van a acatar sus fallos y decisiones.
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Para ello el Gobierno argentino presentó el viernes la declaración jurada exigida por el magistrado, rubricada por Francisco G. Eggers. En ésta el funcionario del Palacio de Hacienda -se presenta como director nacional de la Oficina de Crédito Público del Ministerio de Economía- declara estar familiarizado con los hechos y con el caso respectivo y dice que presenta esta declaración en nombre de la República Argentina y en apoyo del Memorando del Gobierno argentino, en respuesta a la declaración de los demandantes.
Eggers, en este caso signado ahora para Griesa como el garante de que el país pagará a los buitres -si así el juez lo ratificara-, explicó en su declaración que «el 9 de noviembre de 2012 la Corte dio lectura a la disposición de la Orden de 5 de marzo de 2012 (orden de suspensión) en el registro: en cuanto a los derechos de los demandantes, «durante la tramitación de la apelación de la Argentina del 23 de febrero 2012 a las órdenes del Segundo Circuito, se ordena que la Argentina no podrá durante dicha tramitación tomar cualquier acción para evadir las directrices del 23 de febrero 2012».
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