9 de julio 2009 - 00:00

Confirman en sesión agitada al jefe de Policía de Macri

El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, defendió ayer en la Legislatura de la Ciudad el nombramiento de Jorge «Fino» Palacios como titular de la Policía Metropolitana y aseguró que «no hay ninguna resolución judicial que impida su designación».
El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, defendió ayer en la Legislatura de la Ciudad el nombramiento de Jorge «Fino» Palacios como titular de la Policía Metropolitana y aseguró que «no hay ninguna resolución judicial que impida su designación».
El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, rechazó ayer las acusaciones contra el designado jefe de Policía Metropolitana, Jorge «Fino» Palacios, y lo ratificó en su puesto, en medio de una tensa presentación en la Legislatura de la Capital Federal frente a la oposición y organismos de derechos humanos detractores.

«No hay ninguna resolución judicial que impida la designación de esta persona, que tiene los créditos suficientes y es el mejor jefe de Policía que puede tener la Ciudad de Buenos Aires», fue la enfática defensa de Montenegro ante la Comisión de Seguridad que lo citó para que justifique la polémica designación del ex comisario.

El informe del ministro se desarrolló en un clima de máxima tensión, puesto que no sólo recibió duros cuestionamientos de legisladores del arco opositor, sino que fue presenciado por integrantes de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de la AMIA y de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 que hicieron oír su repudio con pancartas y reclamos a viva voz.

De hecho, el salón del primer piso del Palacio Legislativo resultó pequeño para la convocatoria, y la mesa de la comisión donde expuso Montenegro se rodeó de un nutrido cordón de personas, entre manifestantes y asesores, que se cruzaron a gritos a cada respuesta del ministro.

Palacios, nombrado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, está involucrado en la causa por encubrimiento del atentado contra la AMIA, y también se lo investigó por su rol en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, y por una conversación que habría tenido con uno de los involucrados en el secuestro y asesinato de Axel Blumberg, pero no tiene hasta el momento ninguna condena.

Por ello, Montenegro señaló ante el cuerpo de legisladores que el pedido de inhibición sobre el ex comisario se basa en «cuestiones políticas» puesto que «no hay pruebas» que lo incriminen en estas causas y deben, por tanto, respetarse la presunción de inocencia y el sistema de garantías.

«Se plantean cuestiones subjetivas sobre su carrera, pero lo cierto es que fue el policía más condecorado en los últimos 20 años y nunca estuvo investigado por violaciones a los derechos humanos. Es un gran profesional que está preparado para ocupar el cargo», señaló Montenegro en la reunión coordinada por la legisladora kirchnerista Silvia La Ruffa.

Los familiares de víctimas y representantes de HIJOS respondieron con silbidos y mostrando pancartas con la cara de Mauricio Macri y el bigote de Adolf Hitler, y consignas como: «Con Palacios reprimir es PRO», ante lo que La Ruffa amenazó con suspender la presentación.

«Éste es un repudio ante la intención de nombrar a un gran delincuente en un cargo público. No podemos permitir que se siga impulsando la impunidad con la designación de este personaje siniestro. Es una ofensa para quienes fueron víctimas de la represión de la dictadura», dijo a su turno la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas.

Sus argumentos fueron, sin embargo, cuestionados luego por la defensora del pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, quien hizo una defensa de la designación de Macri, al señalar que en este caso «debe respetarse el principio fundamental de los derechos humanos, que es la presunción de inocencia hasta que no haya procesamientos judiciales».

Respecto del caso Blumberg, Montenegro señaló que la conversación telefónica que mantuvo Palacios con Jorge Daniel Sagorsky -investigado por encubrimiento por haber recibido y vendido autos que robaba el líder de la banda acusada en ese caso- se produjo dos años y medio antes del secuestro y asesinato de Axel, por lo que «no tiene ningún valor legal».

En tanto, en relación con las acusaciones sobre su responsabilidad en la represión del 20 de diciembre de 2001, el ministro porteño insistió en que el ex comisario fue «sobreseído» puesto que «no tuvo ninguna capacidad operativa» en las medidas de seguridad en el marco del estado de sitio.

Finalmente, al igual que Macri lo hizo personalmente en una reunión con las autoridades de la AMIA y la DAIA, Montenegro negó que Palacios haya realizado llamadas para advertir a Kanoore Edul -uno de los implicados en la pesquisa de la llamada conexión local por el atentado- sobre un allanamiento del que iba a ser objeto.

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