Confirman traslado de devaluación a consumidores

Por la resolución 20 de la Secretaría de Energía, se trasladará a los consumidores en 24 cuotas la diferencia entre el precio del gas consumido entre abril y septiembre de este año y calculado en tarifas a un dólar de $20,34, y el valor del producto según el tipo de cambio del momento en que fue pagado por las distribuidoras a las petroleras, más intereses.

Como las distribuidoras pagan el gas a los 75 días, en julio pagaron el producto distribuido en abril, y el producto consumido en septiembre recién se va a terminar de pagar a mediados de diciembre. Por eso, la estimación de que se traslada a los usuarios una deuda de $10.000 millones está muy condicionada.

Recién en la última semana de diciembre se va hacer el cálculo definitivo, considerando la diferencia entre $20,34 y el dólar vigente cada mes desde julio hasta mediados de diciembre. A eso se le sumarán los intereses desde cada fecha de pago de las distribuidoras, desde julio hasta el 31 de diciembre, según la tasa activa Banco Nación para cartera general.

Con el número definitivo se establecerá el monto que debería pagar cada usuario por todos los metros cúbicos consumidos entre abril y setiembre. A su vez esa deuda de cada consumidor se financiará en 24 cuotas mensuales a la tasa pasiva del Banco Nación aplicándose el método francés e incluyendo un plazo de 60 días que compense la diferencia entre la fecha de facturación y el efectivo pago por parte del usuario.

La estimación más optimista es que el adicional se ubicará alrededor de $3. A su vez, como un hogar medio de Capital Federal (categoría R23) consumió unos 900 metros cúbicos en el semestre, la deuda de ese residencial ascendería a $2.700 antes de aplicarle intereses.

Las características de este traslado son inéditas sobre todo tratándose de un producto ya pagado. Además, el traspaso es total de modo que los consumidores hasta deben cubrir el costo financiero por la demora en el pago de las distribuidoras a las petroleras. De ahí, la fuerte reacción adversa de las entidades de consumidores y de la oposición, que puede derivar tanto en una ley del Congreso sobre el tema como en presentaciones judiciales.