Confusión por flagrancia desata batalla judicial

El nuevo régimen sigue sumando choques dentro de la Justicia por falta de recursos y oposición de los magistrados. Diagnóstico complicado.

Germán Garavano

Confusión, falta de logística, ausencia de recursos humanos y materiales, lugar insuficiente para audiencias y hasta una declaración de inconstitucionalidad cosechó la flamante Ley de Flagrancia en el mes del debut de su aplicación para los casos de detenciones "in fraganti", que ahora exigen un tratamiento judicial exprés. Jueces, defensores y fiscales pusieron por escrito sus conclusiones luego del duro diagnóstico al que arribaron en el seno de la Asociación de Magistrados y que había sido adelantado por Ámbito Financiero. La cuestión inaugura la agenda de problemas 2017 con los que se deberá enfrentar el Gobierno ante la resistencia del Poder Judicial. En simultáneo, el Ministerio de Justicia de la Nación y el de la Ciudad firmaron ayer un convenio "de intercambio de información" para acceder al registro de antecedentes penales de las comisarías de la nueva Policía porteña y así se agilice un paso fundamental que hoy demoraba todo el procedimiento.

Los magistrados volvieron a exigir la cobertura de vacantes en la Justicia penal que hoy oscila en el 33% del total de cargos. Ocurrió que hubo turnos superpuestos o jueces que se pasaron el período de turno recibiendo los casos. Luces rojas se encendieron: el sistema de grabación audiovisual con el que se registran las audiencias en video no ofrece garantías de seguridad ni permite ingresarlas en el controvertido sistema Lex 100 con el que se manejan los tribunales y que fue objetado desde un principio por sus constantes falencias. Es el único apoyo que sustenta las decisiones que se toman sobre los imputados ya que todo el sistema es oral. Esta ausencia de previsión obliga a grabaciones "informales" que se "bajan" a un pendrive (lo que demora media hora entre audiencia y audiencia) porque las computadoras deben vaciar sus memorias. Los fines de semana no estaba operativo el soporte tecnológico ante eventuales problemas.

Las salas para llevar a cabo las audiencias no dieron abasto y tampoco fueron seguras: un imputado que no resultó excarcelado se puso violento al finalizar su audiencia y a los penitenciarios les costó maniobrar para poder contenerlo. La confusión reinó entre jueces de instrucción acerca de si estaban habilitados para dictar sentencia en casos donde la causa derivara en un juicio abreviado. ¿Debe ser un tribunal el que juzgue o lo puede hacer el mismo juez que realiza la audiencia? Nadie lo aclaró y por eso hubo posturas contrapuestas entre magistrados.

Hubo algunos que también reclamaron cargos para secretarios porque la cantidad de tareas y audiencias en simultáneo se sumaron al trabajo diario y extendieron eso al reclamo sindical de pago de horas extra por trabajo de fin de semana.

Otra de las objeciones exigió la instalación en comisarías de equipos que permitan la verificación inmediata de antecedentes policiales algo que fue, en parte, subsanado por el convenio firmado ayer entre Germán Garavano y su par local, Martín Ocampo. Aunque nada definitivo, se planteó la "planificación, desarrollo y ejecución de acciones conjuntas" para mejorar la comunicación de estos datos. Los jueces quieren que esa información se pase por mail.

No sólo el fuero penal (ordinario y federal) se quejó. También lo hizo el penal económico y el de menores. De una muestra de sólo tres casos, no la llegaron a aplicar porque consideraron que debía tramitar por vía ordinaria, sin tiempos apremiantes. El fuero federal se curó en salud: determinó por acordada que sólo consideraría en esta categoría los que involucraran uso de arma de fuego y así redujo drásticamente su aplicación. El fuero de menores fue un caos: si bien no debería aplicarse por su especificidad (los menores de edad tienen un tratamiento diferenciado del de mayores), dos fiscales se negaron a aplicarla y cinco dijeron que la utilizarían, a los que se suman dos jueces. El resto no se pronunció. La defensoría propuso su inconstitucionalidad ante un caso invocando la Convención sobre los Derechos del Niño porque dejaba de lado la protección integral del infractor. También pidió su "inaplicabilidad". En el fuero "ordinario" funcionó bien pese a que se excedieron plazos de detención y ante la duda se benefició con la libertad a los imputados. Los defensores recalcaron su falta de personal: hace 23 años que la plantilla no incorpora más gente.