Congreso: el Gobierno busca reactivar su agenda judicial en escenario legislativo complejo

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La amplia reforma empujada por el cristinismo y las modificaciones en el Ministerio Público se trabaron en Diputados. Nueva conformación hace más difícil la posibilidad de acuerdos y se alejan votos. El pliego de Daniel Rafecas sigue colgado. Se suman problemas con Consejo de la Magistratura.

El Gobierno buscó reactivar su discutida agenda judicial en las últimas horas a través del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, quien auguró para dicha área un servicio “que le solucione los problemas a la gente”.

“Nuestro gobierno está trabajando para impulsar una reforma judicial”, prometió el segundo de la cartera que comanda Martín Soria. En concreto, dicha ley está trabada en Diputados -junto a las modificaciones del Ministerio Público-, donde el Frente de Todos no pudo convencer ni siquiera a aliados habituales de lo que aprobó el cristinismo en el Senado.

La reforma judicial fue una iniciativa polémica en la Cámara alta no sólo por su articulado sino porque el Frente de Todos, presidido por el formoseño José Mayans, mandó a la entonces titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, la exlegisladora María de los Ángeles Sacnun, a realizar decenas de modificaciones minutos previos a la votación, situación que dinamitó cualquier tipo de entendimiento en Diputados.

Meses más tarde, y ante la indefinición del camporismo senatorial con respecto al candidato a procurador general , Daniel Rafecas, más las idas y vueltas de la oposición con respecto a los votos para llegar a los dos tercios, el cristinismo empujó cambios en la ley del Ministerio Público para modificar las mayorías necesarias para la elección del jefe de los fiscales y también la conformación del tribunal de enjuiciamiento de magistrados.

Fue Soria quien logró, el año pasado, proponer algunos retoques al proyecto en cuestión y el mismo fue dictaminado en la Cámara baja. Sin embargo, el texto no aterrizó en el recinto.

El Ejecutivo cuenta con la potestad plena de agregar o no estos temas en una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias. Para el Frente de Todos, avanzar con cualquiera de estas iniciativas implicaría un milagro: no sólo deberán ser modificadas en Diputados, sino que el Gobierno tendrá que prometer que el Senado acompañará esa decisión, donde tiene la última palabra Cristina de Kirchner.

Por otra parte, la mayor parte de la atención política-judicial del Congreso en modo vacaciones pasa por resolver sobre la conformación del Consejo de la Magistratura, ya que la Corte Suprema de Justicia dio plazo para reorganizar el culebrón antes del 15 de abril próximo.

El fallo de la Corte ordenó que, mientras no haya una nueva norma, el Consejo tiene 120 días corridos para volver a funcionar con la integración anterior, de 20 miembros encabezados por el presidente de la Corte.

Ante las dificultades de reorganizar su integración con nuevos representantes de los jueces, los abogados y los legisladores nacionales, el Consejo de la Magistratura decidió remarcarle al Congreso la necesidad de avanzar lo antes posible con una nueva ley y le pidió al Ejecutivo que incorpore el tema en las sesiones extraordinarias.

Defensor

Otra causa que duerme en los despachos del Congreso es el cargo del Defensor del Pueblo, que representa a los ciudadanos frente al Estado y a privados que prestan servicios públicos. Es una insólita vacante que dejó el cristinismo desde 2009, cuando renunció Eduardo Mondino.

En el lugar de Mondino asumió el adjunto Anselmo Sella, cuyo mandato venció a fines de 2013. Durante el macrismo quedó definida una terna integrada por el cordobés Humberto Roggero, propuesto por el PJ no kirchnerista; el economista Jorge Sarghini, impulsado por Sergio Massa; y el exdefensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor.

Tras un ramillete de críticas de las organizaciones no gubernamentales y la falta de acuerdo para votar a uno de los tres postulantes, la discusión quedó frenada. También aparecieron algunas picardías a través del expresidente de Diputados y actual legislador de la Cámara baja, Emilio Monzó, sin éxito. El cargo en cuestión incluye una fuente muy jugosa de fondos y personal a disposición.

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