Congreso ordenó auditar a Madres (por unanimidad)

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En un hecho poco común en el Congreso de estos tiempos, ayer la Comisión Mixta Revisora de Cuentas resolvió por unanimidad ordenarle a la Auditoría General que investigue el destino de los fondos públicos que financiaron el programa «Sueños Compartidos» de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En realidad, la auditoría abarca a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Misión Sueños Compartidos. Es decir, la investigación apunta al corazón del universo de Hebe de Bonafini.

El pedido fue presentado por Juan Carlos Morán de la Coalición Cívica durante la reunión de ayer de ese cuerpo del Congreso del que depende la AGN y apoyado enseguida por el radicalismo. Curiosamente, el kirchnerismo, entre ellos el santacruceño Nicolás Fernández, también votó a favor por lo que el despacho salió aprobado.

Según acordaron los integrantes del cuerpo, se pedirá a la AGN que en 60 días le envíe un «informe preliminar» sobre cómo funciona la relación del Estado con la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

«En 60 días debemos tener un informe preliminar en el que se especifique claramente el marco legal, los convenios con provincias y municipios, los responsables, la totalidad de los fondos, la ejecución de los mismos y cómo se controló el cumplimiento desde el Estado, para luego profundizar obra por obra lo que ha hecho la Fundación Madres de Plaza de Mayo con los fondos públicos», se informó ayer en esa Bicameral.

Durante la sesión, los opositores, que son mayoría en esa comisión, rechazaron un pedido de Fernández para solicitar también una auditoría sobre los «retornos» a los inversionistas de Papel Prensa.

«La auditoría solicitada no representa una prioridad en las acciones proyectadas por el Parlamento a través de la AGN», dijo en ese momento el radical Morales, por su parte.

El pedido de los legisladores se decidió un día después del faltazo de intendentes del conurbano bonaerense y del interior del país a la Comisión de Vivienda de Diputados. Se los había convocado para que explicaran la relación contractual y las condiciones en las que la Fundación Madres había construido viviendas en esos municipios.

Al mismo tiempo los radicales anunciaron que presentarán ante la Inspección General de Justicia un pedido de intervención a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

«La IGJ es el órgano encargado de controlar el funcionamiento de estas fundaciones y la cantidad de anomalías presentadas y sobre todo la propia confesión de las autoridades de la fundación de que no están en condiciones de administrar e incluso han sido víctimas, según dicen, de una gran estafa, exige que el Estado tome intervención, dijo ayer Ricardo Gil Lavedra.

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