Congreso: otro freno del oficialismo en una batalla institucional

Daniel Reposo, Ricaro Lorenzetti, Papa Francisco

Cuando no aparecían los votos para alcanzar los dos tercios en el Senado, y después de un cacerolazo en las principales ciudad del país, el oficialismo bajó la candidatura de Daniel Reposo para ocupar el cargo de procurador general de la Nación. Ese traspié, que se saldó con la designación de Alejandra Gils Carbó en reemplazo del síndico general de la Nación y exafiliado radical, se repitió ayer, esta vez en ambas Cámaras del Congreso, cuando por orden de Cristina de Kirchner, el Frente para la Victoria accedió a las modificaciones requeridas por Ricardo Lorenzetti y las agrupaciones que nuclean a camaristas federales y nacionales de todo el país.

Tal cual ocurrió con Resposo, cuya designación exigía dos tercios de los votos del Senado, un objetivo complicado de alcanzar para cualquier fuerza política, ayer el oficialismo también debió retroceder parcialmente en su avanzada contra la administración de fondos del Poder Judicial y los mecanismos de ingreso de funcionarios a la Justicia. Al menos en lo que respecta al proyecto que modifica el Consejo de la Magistratura, y más allá de la carta del presidente de la Corte Suprema solicitando cambios bajo riesgo de "parálisis del Poder Judicial", el kirchnerismo también tambaleó en su misión de alcanzar una mayoría calificada, la mitad más uno de la totalidad de la Cámara de Diputados, es decir un piso de 129 votos.

El cacerolazo del 18A, similar a la protesta previa que antecedió al retiro del pleigo de Reposo en el Senado, suamado a la resistencia de los distintos estamentos del Poder Judicial -más allá del denominado grupo Justicia Legítima-, el rechazo de esas iniciativas del Episcospado ahora alineado con el papa Francisco desde la Santa Sede, forzaron un nuevo volantazo de la Casa Rosada en el Parlamento.

Cazabobos

Legisladores oficialistas que prefieren confiar en la pericia del Poder Ejecutivo para aprobar leyes resistidas dentro y fuera del Congreso, como la nueva ley de medios, hablan de cláusulas "cazabobos" como solía bautizarlas Néstor Kirchner. De acuerdo con esta teoría, el Gobierno nacional habría incluido la restricción del manejo de fondos de la Corte Suprema como pieza de negociación para aprobar el voto popular, y otras yerbas, de los integrantes del Consejo de la Magistratura, núcleo central del proyecto oficialista que sigue todavía intacto.

Lo tangible es que entre junio del año pasado y abril de este año, el Gobierno nacional debió acceder a modificaciones propuestas dentro y fuera de los muros del Poder Legislativo para sacar adelante dos frentes de conflcito en el plano institucional.