Definiciones sobre el blanqueo de familiares, el Consejo de la Magistratura y otros amparos de jueces por tope de 75 años mantienen en vilo a la Casa Rosada.
El Contencioso Administrativo Federal será el fuero clave para definir el humor del Gobierno en los próximos meses, con fallos pendientes de alto impacto político. Después del desaire que para la Casa Rosada significó la sentencia que le dio la razón en primera instancia a la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, para permanecer en su cargo más allá de los 75 años, el tribunal guarda bajo la manga definiciones sobre asuntos cruciales para el Ejecutivo. El diseño del Consejo de la Magistratura, la permanencia de algunos de sus integrantes, el decreto por la inclusión de familiares en el blanqueo y la futura puja por la modificación por ley de las ART estarán en la agenda judicial. Eso sin contar la batalla por el traspaso de tribunales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, algún coletazo por el CorreoGate y la realización o no de las represas Kirchner-Cepernic.
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El juez Enrique Lavié Pico cambió de orden las carpetas y decidió no estirar el misterio sobre Highton de Nolasco, aplicando la doctrina Fayt y dándole a la jueza la posibilidad de quedarse en el máximo tribunal más allá del límite de edad que cumpliría a fines de año. Fue el primer capítulo que agarró desorientado al Gobierno que evalúa apelar, sin expectativas en la Cámara, pero con ansiedad sobre lo que podría ocurrir si el caso escala a la Corte, donde hubo señales ambiguas. A favor del Gobierno: ninguno de los miembros se excusaría de intervenir, ni siquiera los que fueron convencionales constituyentes en 1994. Pero el fallo Highton arrastraría -si se aplicara la misma interpretación sobre la inconstitucionalidad del tope de edad- el planteo de la jueza María Servini de Cubría, a quien el PRO busca jubilar del juzgado nacional con competencia electoral.
Lavié Pico viene estirando desde mediados del año pasado dos definiciones que pueden cambiar el mapa del Consejo de la Magistratura: el pedido para apartar al senandor K Ruperto Godoy; y la ratificación del macrista Pablo Tonelli. El primero podría ser reemplazado por su par del PJ, Rodolfo Urtubey. La definición se esperaba para el regreso de la feria invernal de 2016, pero aún no fueron firmados. Todo esto quedaría obsoleto si ocurre un cambio total de escenario con la ratificación de la inconstitucionalidad del Consejo de 13, lo que lo transformaría inmediatamente a un formato de 20 integrantes, con Ricardo Lorenzetti en la presidencia, más representantes políticos por la segunda minoría. El ministro de Justicia Germán Garavano ya expresó su inquietud sobre el tema en una reunión de consejeros hace algunas semanas. Les pidió "ideas" ante ese posible cambio de esquema.
Sin habilitar la feria, dos jueces pueden definir la suerte del decreto que habilitó el blanqueo para familiares. En los próximos días se expedirá el juez Ernesto Marinelli, que rechazó la cautelar de Felipe Solá para frenar la disposición firmada por Mauricio Macri, pero anunció que se expediría sobre el fondo de la cuestión en el amparo. Ese expediente tiene un mellizo que, a través de una asociación de abogados identificada con el kirchnerismo, solicitó que se lo anule por inconstitucional. Por ambas vías, la definición interesa al Ejecutivo.
Por ahora, el mismo fuero aplaca el trámite contra el DNU que modificó la ley de accidentes de trabajo a la espera de una solución política que podría llegar de la mano del Congreso aprobando la ley que el Gobierno se apuró a poner en vigencia con un decreto tachado de ilegal en varias demandas. Eso no quita que cuando se publique como norma aprobada, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal vuelva a pedir que se la declare inconstitucional.
Traspaso y Ganancias
Otras batallas tendrán también como escenario ese estratégico fuero en lo que refiere al traspaso de la Justicia nacional a la Capital Federal. La Asociación de Magistrados afila amparos colectivos en caso de que no logren convencer a senadores de las provincias de bloquear la iniciativa en su tramite parlamentario. En esa estrategia se contabiliza la obligación de pagar Impuesto a las Ganancias para quienes accedan al cargo a partir de este año. Las asociaciones de jueces y empleados judiciales aspiran a judicializar también esa medida del Gobierno, pese a que en despachos oficiales diagraman las futuras escalas salariales para que no tengan demasiado impacto.
En la concentración de asuntos candentes, el Contencioso Administrativo deberá definir la contrademanda iniciada por el Grupo Macri por la expropiación del Correo Argentino y un millonario reclamo que la fiscal Comercial Gabriela Boquín denunció como parte de una maniobra de mala fe procesal. Es una réplica del "CorreoGate" con impacto económico. En la misma categoría se encuentra el avance o no de las obras por las represas Kirchner-Cepernic, frenadas en la Corte a la espera de los estudios ambientales que le permitan avanzar. El máximo tribunal le entregó la competencia para seguir los avatares del expediente al Contencioso Administrativo Federal, ya que el demandado es el Estado Nacional. Por último, un amparo colectivo para que se declare el colapso del fuero del Trabajo y se ordene a la Corte su fortalecimiento (tramita ante la jueza Claudia Rodríguez Vidal) podría ir en sentido contrario a las aspiraciones oficiales para restarle relevancia, atento a que consideran que sus fallos favorecen siempre a los demandantes, en lugar de a las empresas.
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