Contradenuncia desata guerra en cuotas

Los enemigos de Elisa Carrió comenzaron a asomar la cabeza en medio de la guerra que la diputada aliada a Cambiemos entabló con el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. La legisladora acusó recibo del último (y sugestivo) movimiento judicial por una denuncia en su contra, que parece abrir el camino para una batalla sin tregua. Sus declaraciones en la mesa dominical de Mitha Legrand terminaron por provocar cimbronazos dentro del Poder Judicial medibles en la escala de Richter, cuyo epicentro fue el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

"Si avanza la denuncia (de Lorenzetti) contra mí, renuncio a la banca para defenderme sin fueros", lanzó la diputada. El sentido fue doble: en principio por la demanda por daños y perjuicios por la que Lorenzetti la intimó vía carta documento. La segunda es porque lo responsabiliza por la reapertura de una denuncia en su contra archivada, cuya punta del iceberg es indagar en el financiamiento de los viajes que realizó la diputada entre febrero de 2013 y mayo de 2015. En un reciente fallo de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, se ordenó desarchivar una presentación cerrada por el juez Daniel Rafecas. Los jueces consideraron que pese a no haber sido ratificada, el error había sido del juzgado en la notificación a Saúl Enrique Paz, el joven denunciante que había hecho una presentación en noviembre de 2016. Los viajes de Carrió estaban centralizados en la firma Fun Time/Firenze Viajes, integrante de un grupo más amplio que contiene a Amarilla Gas, una compañía chaqueña perteneciente a la familia Miedvietzky. No son los viajes los que inquietan a los enemigos de la diputada, sino el presunto financiamiento a su actividad política y a sus investigaciones, cuyo nexo ubican en la empresa especializada en la comercialización de Gas Licuado de Petróleo con ramificaciones en todo el litoral. Otro de los adversarios de Carrió, Daniel "Tano" Angelici, manejaba la misma información desde hace meses, aunque decidió reservar esa carta a futuro.

Hubo otro expediente gemelo en el juzgado de Luis Rodríguez que fue ampliada a dádivas, evasión fiscal, peculado, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública contra la diputada. Sin cortapisas, Carrió exigió ayer a Mauricio Macri que intervenga para que Lorenzetti deponga su actitud. La situación coloca al Presidente en la posición más incómoda porque vulneraría cualquier postulado republicano de división de poderes. Peor para el ministro de Justicia, Germán Garavano que la semana anterior reaccionó al pedido de juicio político a Lorenzetti con un respaldo en imágenes: se sacó una foto con el titular de la Corte en la firma de un convenio para el combate del crimen organizado. A su lado estaba Irurzun, del núcleo duro de Lorenzetti. Sobre el camarista podrá posarse la próxima jugada iracunda de la chaqueña, que adelanta que no planchará su embestida contra la cabeza de uno de los poderes del Estado. El PRO tiene nuevos dilemas para contener la escalada para la que Lorenzetti se estaría preparando, incluso, con el sondeo a uno de los principales consultores de imagen del país.