Córdoba: un muerto, 250 heridos y 60 detenidos por ola de saqueos

El retorno de los efectivos a las calles tras el fin del autoacuartelamiento frenó la escalada de saqueos y robos iniciada a las 17 del martes. Cerca del mediodía de ayer, De la Sota convocó a una conferencia de prensa en la que anunció los términos del acuerdo con la Policía. En un desesperado intento de frenar el avance de los saqueadores, comerciantes y vecinos improvisaron barricadas en las calles cordobesas.

Córdoba - Tras una noche de violentos saqueos que azotaron la capital provincial y dejaron el lamentable saldo de un muerto, más de 250 heridos, 60 detenidos, cerca de 1.000 negocios damnificados y pérdidas millonarias, los policías rebeldes aceptaron en el mediodía de ayer la oferta salarial destrabada agónicamente por el díscolo gobernador peronista José Manuel de la Sota y levantaron el autoacuartelamiento iniciado en la madrugada del martes.

En medio de nuevos y duros cruces del Ejecutivo con Nación y de un abortado envío de 2 mil gendarmes, fueron cerca de 36 horas en las cuales los vecinos de la capital mediterránea, desprotegidos por la virulenta medida de fuerza que vació la calle de uniformados, quedaron a merced de oleadas de saqueadores que sin tapujos -a pie o movilizándose en motos o vehículos- robaron supermercados, cadenas de electrodomésticos, comercios de los más variados rubros y hasta viviendas particulares.

Los asedios a supermercados se iniciaron en rigor a las 17 del martes.

Pero la previsible débil reacción de los mandos superiores -los únicos que no se plegaron al motín- disparó un contagio de saqueos en buena parte de la ciudad, e incluso en localidades vecinas, que se extendió hasta pasado el mediodía de ayer, luego de la firma del acuerdo que devolvió a los policías a las calles. Recién después de las 13 comenzaron a activarse los primeros patrullajes.

En medio del terror y el desconcierto, vecinos y comerciantes organizaron barricadas y se munieron de palos, cuchillos e incluso armas de fuego para intentar defender sus bienes, mientras que los enfrentamientos se multiplicaron con el correr de las horas.

"Quiero transmitir la tranquilidad de compartir que la fuerza vuelve a estar al servicio; nuestra fuerza policial saldrá por pedido de nuestro Poder Judicial, de este gobernador, a perseguir a todos los delincuentes y saqueadores", arengó al mediodía De la Sota, a horas de un retorno de urgencia desde Panamá y amurallado por funcionarios de su Gabinete.

"No hubo un estallido social: operaron bandas de delincuentes organizados que aprovecharon la ausencia policial", enfatizó.

Fue luego de que el Ejecutivo lograra hilvanar un entendimiento salarial, forzado por el desmadre generalizado en una ciudad paralizada, en el que colaboraron la falta de cintura política de De la Sota para preveer las potenciales consecuencias del desatendido reclamo policial -en una suerte de crónica con final anunciado- y las posteriores desinteligencias entre su gestión y la Casa Rosada, en el marco de las tensiones que enfrentan a ambas administraciones (ver aparte).

De hecho, un envío de 2.000 gendarmes lanzado en horas de la mañana por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, tras una andanada de reclamos de funcionarios mediterrános, fue finalmente frenado tras el acuerdo salarial que desconcentró el motín aglutinado en el Comando de Acción Preventiva (CAP) del barrio Cerveceros, en el sureste capitalino.

En la conferencia, el mandatario -con aspiraciones presidenciales para 2015 pero que anota ya varios tropiezos de gestión este año- también instó a la Justicia a investigar para que "ninguno quede impune", prometió asistencia para los comerciantes damnificados por los saqueos y agradeció el apoyo público de dirigentes nacionales de la oposición como Sergio Massa, Mauricio Macri y Julio Cobos (ver aparte).

Por de pronto, el acuerdo con los policías contempló, entre otros puntos, llevar el salario básico de 2.500 a 8.000 pesos, la entrega de un uniforme completo anual, el aumento de los adicionales y la promesa de no sancionar a los acuartelados, pese a que horas antes había amenazado con impulsar despidos.

Pero, en paralelo, otros números reflejan la oscura pesadilla que debieron vivir los cordobeses, en una ciudad que ayer intentaba cobrar algún ribete de normalidad, tras la parálisis que sufrió en materia de transporte público y actividad comercial, administrativa, escolar, judicial y bancaria.

En esa línea, frente a la furia que se vivió en las calles, un joven de 20 años murió tras recibir un disparo en el tórax durante un saqueo en Ciudad Evita. En cambio, finalmente se desligó de los episodios el fallecimiento de un hombre de 85 años. Además se registraron más de 250 heridos, decenas de ellos de bala. Un joven se encontraba ayer en grave estado.

El acuerdo con los uniformados rebeldes -que tuvo como protagonistas a esposas y familiares, por el carácter no sindicalizado de la fuerza- fue sellado entre el jefe de la Policía, César Almada; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el representante legal de los efectivos, el exlegislador juecista Miguel Ortiz Pellegrini; y cinco esposas de miembros de la fuerza.

Almada y Monteoliva asumieron sus cargos en septiembre, luego de que rodaran las cabezas de sus antecesores -Ramón Frías y Alejo Paredes- en medio del denominado "narcoescándalo" por la investigación judicial de supuestas conexiones entre jefes policiales y traficantes de drogas.

Las tensas horas anotaron episodios insólitos. Por caso, jóvenes que participaron de los saqueos difundieron ayer en las redes sociales el producto de la rapiña. Y un usuario creó una página en Facebook para "escrachar" a los que se sumaron a la ola de robos. En un par de horas, "Escrache Público a Delincuentes" sumó 8 mil adhesiones.