El Tribunal canalizará flujo de informes que requieran los juzgados donde se levante el secreto fiscal. No se aportarán más ROS. Trastabilla DNU de escuchas, por error técnico.
La Corte Suprema de Justicia centralizará toda la información financiera que sea requerida por la Justicia a organismos oficiales locales e internacionales, en causas penales que involucren hechos de corrupción, lavado de dinero o delitos económicos. La decisión, de gran trascendencia -pese a que sólo fue comunicada de forma institucional con la firma de dos convenios (con la AFIP y con la UIF)- despertó el recelo de algunos jueces federales. Serán quienes a partir de ahora deban cursar sus requerimientos de información sobre personas sospechadas para que sea el máximo Tribunal quien canalice cualquier pedido de levantamiento del secreto fiscal. Además, se validó formalmente que la unidad antilavado no provea más a los jueces de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y se limite a informes de inteligencia orientativos. A la par de que la Corte fortalece el poder en torno a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Poder Judicial, un error técnico puede hacer trastabillar el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Gobierno extendió la delegación en esa estructura de las escuchas telefónicas legales.
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Dos convenios de "colaboración", firmados por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, encendieron las alarmas en tribunales y alentaron las lecturas sobre sus implicancias en las investigaciones penales. Por un lado, uno que rubricó Alberto Abad con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otro con al Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Mariano Federici. Establecen el protocolo para pedidos de informes a esos organismos por parte de los jueces que tengan a su cargo investigaciones por crimen organizado, lavado de dinero, delitos económicos y (aunque no se detalla) casos de corrupción, ya que incluyen los requisitos para cualquier pedido que involucre el levantamiento del secreto fiscal, lo que abarca cualquier investigación patrimonial contenida en causas por delitos contra la administración pública. Una primera lectura, fortalece aún más la estructura creada por Lorenzetti que tiene a cargo las escuchas, a cargo de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. Ambos son titulares de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, cuyo director ejecutivo es Juan Rodríguez Ponte. Podrán ampliar la firma de subconvenios, cuyo eventual alcance llamó la atención de algunos jueces. "El requerimiento de información amparada por el secreto fiscal a la AFIP deberá ser canalizado por el juzgado requirente a través de la Dirección" al menos por los próximos dos años. En el de la UIF, se subraya que "resulta de vital importancia establecer parámetros que permitan asegurar que los pedidos de colaboración cuenten con una entidad razonable". Y agrega: "los tribunales competentes se abstendrán de requerir a la UIF la remisión de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos. La UIF, no podrá remitir reportes de operaciones sospechosas a los tribunales competentes, sino que comunicará los resultados de su análisis mediante el envío de informes de inteligencia financiera".
Pero un tecnicismo puede poner en vilo el DNU que extendió el mandato a Irurzun y Leal de Ibarra. La Asociación Civil Abogados por la Justicia Social La Plata (AJUS) inició un amparo para anular el DNU 102/2017, dado que no tiene la firma de dos ministros del Gabinete (el de Justicia, Germán Garavano y el de Producción, Francisco Cabrera). La demanda señaló que los DNU se dictan en "Acuerdo General de Ministros" lo que implica la firma de cada uno de los ministros, y que su ausencia constituye un "vicio grave que lo torna nulo". La causa arribó el jueves al escritorio de la jueza en lo contencioso administrativo Macarena Marra Giménez.
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