Corte asumió el poder legislativo en Venezuela. Denuncian golpe

La Mesa de la Unidad Democrática desoyó el fallo y convocó a manifestaciones a partir de mañana. Instó, además, a los militares a pronunciarse contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

CLIMA EXPLOSIVO. Un grupo de diputados opositores se enfrentó ayer con la Guardia Nacional en la sede del TSJ en Caracas.

Caracas - El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió un fallo la noche del miércoles por el cual se adjudicó las competencias legislativas, una decisión que fue desconocida por la Asamblea Nacional (AN), controlada por la oposición, que denunció un "autogolpe de Estado" liderado por el presidente Nicolás Maduro.

La Corte suprema, que anuló muchas acciones del Parlamento desde que pasó a ser controlado por la oposición en el 2016, dictaminó expresamente en su fallo que su Sala Constitucional abarcará el rol de los diputados.

"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por esta Sala o por el órgano que ella disponga", indicó la sentencia.

El tribunal, al que la oposición acusa de servir a Maduro, declaró en desacato al Legislativo en enero de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude. Aunque la AN desvinculó a esos diputados posteriormente, la Corte considera que el acto no fue formalizado (ver aparte).

La mayoría parlamentaria opositora reaccionó ayer declarándose en rebelión y denunciando la ruptura del orden constitucional.

"En Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado", afirmó el presidente del Parlamento, Julio Borges, quien rasgó frente a las cámaras el fallo del TSJ, calificándolo de "basura".

Instó además a las Fuerzas Armadas a no "seguir calladas frente a la ruptura de la Constitución".

"Sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales están en contra del caos que sucede en Venezuela", sostuvo. La oposición anunció, además, protestas callejeras a partir de mañana.

Ya el martes, el TSJ había emitido una sentencia con la que retiró la inmunidad parlamentaria de los diputados por estar en desacato y autorizó a Maduro a perseguirlos y pedir enjuiciarlos incluso por cortes militares.

Uno de los principales líderes antichavistas, Henrique Capriles, dijo ayer en Colombia que "hay una dictadura" en su país. "La comunidad internacional ¿qué otras pruebas necesita para terminar de fijar una posición unánime y firme de que en Venezuela tenemos un Gobierno al margen de la Constitución?", aseguró el excandidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda.

El partido opositor Voluntad Popular (VP) fundado por el dirigente encarcelado Leopoldo López, pidió a los venezolanos retomar las movilizaciones de calle para "imponer la voluntad del pueblo" ante lo que consideran un "golpe de Estado".

La semana pasada, el bloque opositor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aprobó un acuerdo en el que pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional.

Las elecciones regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero el Poder Electoral las pospuso para 2017 y aún no fija fecha. También el proceso para activar el referendo revocatorio del mandato de Maduro fue suspendido por la Justicia.

En tanto, diputados opositores protagonizaron ayer una refriega con militares frente a la sede del TSJ en Caracas, adonde acudieron para rechazar la sentencia.

Los parlamentarios intentaron franquear una barrera de uniformados en medio de consignas contra la Corte y su fallo. Al lugar llegó un pequeño grupo de partidarios del Gobierno con una bandera de Venezuela.

Frente a los soldados, los opositores afirmaron que "si la Guardia Nacional no entiende que esta lucha es de los venezolanos, de sus familias que están pasando hambre, entonces que se la calen (aguanten)".

La sentencia mediante la cual el TSJ adoptó el miércoles las funciones legislativas tiene también un trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.

Según la Constitución, el Gobierno no puede firmar contratos de interés público con Estados o empresas públicas y privadas extranjeras, "sin la aprobación de la Asamblea Nacional".

Pero al declarar "omisión legislativa", la Corte indicó que no existe "impedimento alguno" para que el Ejecutivo conforme compañías sin pasar por una votación de los diputados.

Esta cuestión resulta clave para Maduro, que busca financiamiento para paliar un déficit fiscal que el Banco Mundial estimó en 11,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2016.

Agencias AFP, Reuters, DPA, ANSA y EFE